Del grupo del Táchira, dos fallecieron y se cuentan ocho casos con rechazo del órgano renal en lo que va de año, tras incumplir el tratamiento inmunosupresor. Piden audiencia con la gobernadora Gómez

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POR Daniel Pabón

Los tachirenses Jesús Mendoza, Fabiola Chacón y Luis Becerra son trasplantados renales. Pertenecen a la Fundación Amigos Trasplantados de Venezuela que, a su vez, es filial de la Coalición por la Vida (Codevida). Por su condición -explican- no la están pasando bien.

En el grupo estadal eran 45, pero ahora se cuentan 43. Dos han fallecido y otros ocho experimentan el rechazo del riñón que tanto les costó recibir en calidad de trasplante. Se agravan las fallas de suministro de tratamiento inmunosupresor por parte del Gobierno nacional a través del IVSS.

Algunos incluso suman enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y problemas de circulación, producto de la mezcla de fármacos que consumen. “En cada familia, si hay un enfermo se enferma es la familia”, dice uno de ellos al repasar, en este foro, cómo tantos afectos cercanos se han despojado de sus prendas o han vendido lo poco que tenían con tal de que ellos continúen sus prescripciones médicas. Aquí hablan, a tres voces.

Pregunta (P): —¿Cómo es la situación de los pacientes trasplantados renales en cuanto al acceso a los medicamentos?

Fabiola Chacón (FC): —Estamos pasando crisis con los medicamentos, porque no llegan constantemente, ya tenemos más de cuatro meses que no llegan como son. En mi caso, no estoy tomando los tres que debería: estoy tomando dos, pero no como me los indica el médico; tengo que tomar de uno 500 miligramos en la mañana y 500 en la noche, pero estoy tomando solamente una vez, en la mañana.

P: —¿Quién es el encargado de proveer estos medicamentos?

Luis Becerra (LB): —En Venezuela el Estado, por medio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, es el proveedor; es un derecho consagrado en la Constitución. En nuestro caso, el Rapamune (sirolimus), que es un inmunosupresor que tenemos que consumir de por vida, no llega desde septiembre. Estamos hablando de nueve meses.

P: —¿Cómo han hecho?

LB: —La gente ha vendido bienes, propiedades, con algún familiar que tenga afuera… lo que se pueda hacer. En Colombia sí los hay, pero a costos excesivos. Por eso nos hemos ayudado entre trasplantados de toda Venezuela, nos han dado algunas donaciones… En mi caso, el otro inmunosupresor, que es el CellCept (micofenolato mofetil), ha llegado quizás unas tres veces en los últimos nueve meses. Lo grave es que ha habido personas que no han consumido el medicamento porque no han tenido alternativas, han caído en rechazo y en algunos casos han fallecido.

P: —¿En el Táchira ha habido casos de fallecimientos?

Jesús Mendoza (JM): —En el estado éramos 45 pacientes trasplantados; ya dos fallecieron. En febrero murió la primera, una señora mayor, y la semana pasada falleció otro.

P: —¿La causa fue la falta de inmunosupresores, o fue por otras enfermedades?

JM: —La base es la suspensión del tratamiento, que a su vez llega al rechazo del riñón que ha sido trasplantado y, con el rechazo, el cuerpo muta a muchas complicaciones y, si no se logra superar el tiempo de rescate del riñón, el paciente pasa a diálisis o se descompensa mucho más rápido y lamentablemente llega a fallecer.

P: —¿De cuántos casos de rechazo de riñón tienen conocimiento en el Táchira?

JM: —En 2017 hubo uno, pero en lo que va de 2018 ya van ocho casos con rechazo solamente en el Táchira. A través de fundaciones se hizo una donación a nivel internacional de una cantidad limitada de uno de los tres inmunosupresores. Se está tratando de distribuir en los casos puntuales de los pacientes que están en rechazo o de quienes tienen varios días sin su tratamiento. Es algo paliativo, no es lo adecuado, porque quedan pendientes dos medicamentos. Yo, por ejemplo, en la actualidad estoy tomando uno solo.

P: —¿Qué les dicen en la farmacia de alto costo del IVSS? Recién el Ejecutivo anunció una suma millonaria en euros para el sector salud…

FC: —Estamos en incógnita, todo el tiempo preguntando. Nos dicen que todavía no ha llegado nada.

LB: —Se comenta que, aparentemente, en estos días se están distribuyendo en algunos estados que han recibido. En el Táchira estamos a la espera.

P: —El tratamiento mensual de ustedes, ¿qué tan costoso puede ser en Cúcuta?

LB: —En el caso del Rapamune (sirolimus), es un producto incomprable: estamos hablando de millón y medio de pesos al mes. Imposible.

P: —En nombre del grupo de pacientes que representan, ¿qué petición le hacen al Gobierno nacional?

FC: —Que nos lleguen los medicamentos como es, porque esa es la vida de nosotros. Si no tenemos eso, corremos el riesgo de un rechazo, de volver a caer en una diálisis e incluso la muerte. Estamos en manos de ellos.

LB: —Esto es algo totalmente apolítico. Como ciudadanos, exigimos al Estado venezolano y a las autoridades tanto nacionales como regionales que nos solucionen esta situación. No estamos para discutir los pretextos que se puedan poner de por qué se han presentado los problemas de la compra… lamentablemente una explicación de ese estilo puede que tenga o no tenga sentido, pero con eso nosotros no solucionamos nada. Lo que estamos exigiendo es un derecho.

JM: —En representación de los trasplantados, ya que estamos en frontera, nos gustaría que este foro lo leyera la gobernadora Laidy Gómez para que nos dé un derecho de palabra o una audiencia con ella para exponer nuestro caso y ver cómo ella, con el alcalde o el gobernador de la frontera del lado colombiano, puede llegar a un entendimiento para que nos den una ayuda y poder acceder a la compra subsidiada o donada por Colombia. Andamos pidiendo una ayuda humanitaria, y queremos que ella nos ayude a allanar el camino para ese fin.

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