Para el economista Luis Vicente León, la presentación realizada por el ministro Tareck El Aissami para solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente la derogatoria del actual régimen cambiario puede significar una apertura, aunque su calidad aún depende de varios factores.

León manifestó que entre los factores está “el rol de las instituciones intermediarias en la fijación del precio de las divisas y el acceso a las casas de cambio”, publicó Efecto Cocuyo.

Afirmó que el decreto aún debe ser explicado y que dos aspectos  llaman la atención, como “qué casas de cambio van a ser autorizadas y si algún organismo va a fijar el precio”.

“Si el Gobierno insiste en marcar el precio de las divisas y no respeta el precio del mercado, se puede desplazar la tasa Dicom, pero no erradicar el mercado negro”, explicó.

Para el analista todavía falta saber si las operaciones se podrán realizar en cualquier casa de cambio o banco, o será posible hacerlas en casas escogidas por el Gobierno.

Para el analista Luis Vicente León la presentación hecha hace pocos minutos por el ministro Tareck El Aissami para solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente  la derogatoria del actual régimen cambiario puede significar una apertura, aunque su calidad aún depende de varios factores, entre ellos el rol de las instituciones intermediarias en la fijación del precio de las divisas y el acceso a las casas de cambio.

León afirma que el decreto aún debe ser explicado. Dos aspectos le llaman inicialmente la atención: qué casas de cambio van a ser autorizadas y si algún organismo va a fijar el precio.

Subraya que si el Gobierno insiste en marcar el precio de las divisas y no respeta el precio del mercado, se puede desplazar la tasa Dicom, pero no erradicar el mercado negro.

Para el presidente de la firma Datanálisis, todavía falta por saber si las operaciones se podrán realizar en cualquier casa de cambio o banco, o si solo será posible hacerlas en casas escogidas por el Gobierno.

Comentó que se debe separar el tema legal, del hecho real. Esto en relación con que la competencia para la derogatoria corresponde a la Asamblea Nacional, pero en la práctica el Gobierno la puede aplicar.