A juicio de la Gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, a propósito de la detención del diputado Juan Requesens, “si el debido proceso constitucional no se respeta como lo establecen las normas procedimentales venezolanas y la constitución de la República, lo que hay es una criminalización de la política en el país; es decir, hacer política es un crimen”.
Criticó el procedimiento en el cual, dijo no sólo se realizó una privativa ilegítima de libertad en contra del parlamentario, sino que también se violó el debido proceso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp).
Se refirió, concretamente, al argumento ofrecido por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, sobre la presunta detención en flagrancia de Requesens; “pese a que al momento que comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron -sin orden- en su residencia, ya habían transcurrido más de 48 horas del evento en el cual pretenden vincularlo”.
—Aunque usted es fiscal y yo soy gobernadora, los dos somos abogados, y en algún momento tuvimos que haber leído en el Copp que la flagrancia ocurre cuando se determina que una persona comete un delito in fraganti; es decir, en el momento; más no se establece 48 o 72 horas después de haberse consumado un hecho-, explicó.
Según detalló la primera autoridad del Táchira, a la detención del asambleísta no se le puede alegar flagrancia, debido a que ocurrió después del lapso estipulado en el estatuto legal; además que fue previa al allanamiento de su inmunidad parlamentaria.
Al respecto aclaró que no intenta justificar la impunidad con la inmunidad parlamentaria, cómo señalan los sectores del gobierno nacional, pero que sí cuestiona la forma en cómo se llevó a cabo el procedimiento contra el diputado.
—Si de verdad existiera algún vínculo de Requesens con el hecho, en este momento no estaría desaparecido, aislado de su familia y sin posibilidad de tener un abogado que garantizara su derecho a la defensa-, puntualizó Gómez.
Lesa humanidad
Explicó que la actuación de los entes nacionales indican que una vez más el gobierno de Nicolás Maduro irá tras la pista de los líderes de oposición, y su accionar, evidentemente, lo pondrá en la lupa de la comunidad internacional por “cometer todos los elementos que vulneran el debido proceso constitucional”.
Explicó que violar la inmunidad parlamentaria de Requesens irrespeta los convenios internacionales suscritos por Venezuela, y eso constituye un crimen de lesa humanidad.
—Independientemente quien sea, este procedimiento está viciado porque, si de verdad existen pruebas contundentes, lo correcto hubiera sido que se iniciara una investigación que terminaría en un juicio; más no hacer la detención, para después indagar y allanar la inmunidad parlamentaria-, señaló.
Mensaje a Bernal
En otro orden de ideas Gómez exigió a Freddy Bernal dar cuenta de los planes y acciones que ha tomado -desde que está en el Táchira- para combatir el contrabando de combustible en la frontera.
Destacó este punto porque el día lunes -cuando regresaba de La Grita- evidenció las largas colas en la vía hacia Guarumito, las cuales asoció con el contrabando bajo un ambiente desmedido y vulgar.
De manera tajante expresó que Bernal “no ha movido un dedo por el contrabando y aún permite que el tráfico de combustible sea real, público, notorio, permanente y viable en el estado Táchira”.
Augusto Medina