El pasado viernes 10 de agosto, Pdvsa apeló el fallo judicial emitido en Estados Unidos, que permitiría a la minera Cristallex confiscar acciones de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera nacional como pago de una deuda de 1,2 millardos de dólares derivada de la indemnización pendiente por la nacionalización efectuada en el 2011 de la mina Las Cristinas, a cargo de la empresa canadiense.
El constituyente David Paravisini, coordinador de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señaló que «la posibilidad efectiva de que el Tribunal pueda embargar a Citgo es difícil afirmarlo, porque existe una politización de la justicia”, publicó El Universal.
Paravisini alegó que en EEUU “buscan un precedente”, pero en realidad Venezuela tiene capacidad de pago respecto a sus deudas. “No hemos dejado de pagar nuestras deudas”, resaltó el experto en energía.
Otros análisis
Otros analistas en economía, como el parlamentario Ángel Alvarado, opinan que Petróleos de Venezuela tratará de llevar el caso del embargo de Citgo a una corte superior para intentar retrasar el juicio y hacer una negociación con Crystallex, a fin de pagar la deuda o hacer un compromiso de pago.
El también miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, piensa que el problema es que el juez podría poner a negociar por el camino a Pdvsa, Crystallex y los tenedores de bonos y empezar una querella judicial, que en definitiva, no se podrá pagar.
Alvarado agregó que la deuda de Crystallex es un pasivo de la República, lo que representa un mal precedente, debido a que ConocoPhillips también podría ambicionar apropiarse de Citgo.
Aclaró que empiezan las complicaciones, primero porque la compañía canadiense y los demás intentarán demostrar que sí hay “alter ego”, y Pdvsa que no. “El presagio es negativo, debido a que las deudas entre Petróleos de Venezuela y la República suman aproximadamente más de 150 millardos de dólares y Citgo lo que puede apostar a lo sumo son 10.000”, dijo.
El diputado añadió que el efecto de la decisión de la corte de Delaware es peor a la pérdida del control de la refinería Islas, en Curazao, ya que afectaría seriamente la importación de diluyentes desde Estados Unidos, materia prima para la extracción de petróleo pesado y extrapesado en la Faja.
Mientras que los economistas, Luis Oliveros y José Toro Hardy coinciden en advertir que el país dejaría de contar con un actor importante en el mercado norteamericano, por una parte y por la otra estiman que la nación podría perder el control de Citgo, de las refinerías y de las estaciones de servicio, una coyuntura en extremo perjudicial para el país.
Eso para la economía venezolana – a juicio de Toro Hardy- sería una situación extremadamente delicada.