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Internacional
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A James lo quieren matar hace tiempo. Cuando arreciaron las amenazas por sus denuncias sobre presunta corrupción policial en una barriada de Medellín, recibió un móvil, un chaleco antibalas y más recientemente un botón de pánico.
Hoy, este activista de derechos humanos de 30 años, padre de una niña de nueve, que vive en una de las comunas más peligrosas de Medellín, apenas cuenta con la prenda blindada que recibió hace tres años de la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP).
El plan de telefonía celular no volvió a ser renovado y el sistema de alerta que debía oprimir en caso de riesgo, solo funcionó una vez, según relata a la AFP.
Así, casi que indefenso, James se mueve por entre las calles empinadas de su comuna. Cuando sale de ella, viste el chaleco antibalas, consciente de que difícilmente podrá salvarse si se deciden a matarlo.
«He recibido varias amenazas (…) por estar visibilizando la problemática en la Comuna 13, y más cuando visibilizamos que algunos policías han hecho parte o trabajan conjuntamente con algunas estructuras criminales», sostiene.
James asegura que ya vio de cerca la muerte cuatro veces en los últimos 13 años, la más reciente en 2013. Entonces, una bala le quemó una de las costillas.
Este joven de cabello corto es uno de los activistas de derechos humanos y líderes sociales que están en la mira en Colombia. Hasta el 13 de agosto, 337 de ellos habían sido asesinados desde 2016, un crimen cada tres días, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman).
Aunque las autoridades se han comprometido a mejorar la protección de estas personas, James todavía espera que su situación sea tenida en cuenta.
Consultada por la AFP, la UNP se abstuvo de hablar sobre el caso por razones de seguridad. La fiscalía en Medellín, entretanto, afirmó en pasados días que investigaría las denuncias que involucran a uniformados en supuestas alianzas con pandillas.
Desempleado con chaleco
James vive con su madre en una humilde casa. Ya sufrió el desplazamiento en carne propia por amenazas que lo forzaron a irse de un barrio a otro dentro de Medellín, así como la pérdida de un hermano y dos sobrinos por la violencia.
Desde enero está sin empleo porque – según él – la ONG con la que colaboraba, Corporación Pazifistas, no volvió a suscribir contratos con la alcaldía de Medellín.
En su trabajo como defensor, dicta talleres de capacitación en derechos humanos y asesora a quienes deben presentar recursos judiciales de protección.
Sin embargo, aun sin empleo, pandillas y policías siguen recelando de su activismo. La última vez que lo amenazaron fue hace cuatro meses.
«Lo irónico es que hay una cancha que está arreglando un contratista y le ponen cuatro policías porque es un empresario. A los líderes que no tienen plata y que son los que hacen el trabajo en la comunidad, no se les brinda protección», denuncia.
Mientras tanto – agrega – «tengo que salir a buscar empleo con chaleco (antibalas) y eso hace que algunos crean que los voy a poner en riesgo».
Miedo en la ciudad
Cauca y Antioquia son los departamentos donde más líderes sociales han caído, con 83 y 47 casos, respectivamente, según la Defensoría.
Aunque muchos de los homicidios han ocurrido en zonas rurales donde hay disputas por el narcotráfico o la minería ilegal, Medellín, capital de Antioquia y segunda ciudad del país, no escapa a esta espiral de violencia selectiva.
«Lo preocupante es que no solamente soy yo, sino que en la comuna somos 14 líderes (…) sin ningún apoyo del Estado», afirma James.
Con unos 138.000 habitantes, la Comuna 13 está bajo el asedio de combos o pandillas dedicadas al microtráfico de drogas y la extorsión que se disputan barrios, a la usanza de lo que han hecho por décadas paramilitares y guerrillas en los campos de Colombia.
Con el desarme de las FARC, la otrora poderosa guerrilla comunista que firmó la paz en 2016, se redujo la intensidad del conflicto de más de medio siglo.
Pese a ello, en 228 de los 1.122 municipios colombianos todavía operan bandas de todo cuño, desde disidencias de FARC hasta carteles armados del narcotráfico, según la Fundación Paz y Reconciliación.
En los barrios altos de Medellín – donde antaño el narcotráfico reclutaba a jóvenes sicarios – la violencia sigue enseñoreándose.
Este año los homicidios se han disparado un 96% al pasar de 26 a 51 casos con respecto a los primeros ocho meses de 2017, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la alcaldía.
James cree saber bien qué hay detrás de esas cifras: «la presencia de grupos armados aquí es muy grande y las personas que nos pueden proteger, que es la policía, al parecer muchos están vinculados con ellos».
Y son precisamente esas bandas armadas con las que está obligado a interactuar. «A mí me toca solucionar con los grupos armados y ese es el temor de la gente de hablar, porque prácticamente aquí todo lo resuelven los grupos armados y no el Estado».
AFP
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