La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones sociales de Ecuador presentaron ante un tribunal de Quito una petición de medidas cautelares para intentar frenar la decisión del Gobierno de exigir el pasaporte como requisito a los venezolanos que intentan llegar al país.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, la Misión Scalabriniana y la Defensoría Pública de Ecuador se sumaron a la petición de medias cautelares presentada en la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en el Complejo Judicial Norte, de Quito.

Esta acción, amparada en la Constitución, busca frenar la decisión de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de exigir el pasaporte como único documento válido para ingresar al territorio nacional para los venezolanos, explicó a Efe Gina Benavides, defensora del pueblo.

Se espera, dijo, que “los jueces valoren las medidas cautelares” y emitan un fallo que podría demorar hasta mañana o el próximo lunes, aunque se confía en que pueda ser lo más pronto posible, añadió la defensora.

“El espíritu de una medida cautelar es que se haga efectiva inmediatamente, en miras a proteger los derechos” que pueden ser vulnerados, agregó al recordar que, de momento, la Defensoría del Pueblo ha exhortado al Gobierno “para que revise la decisión”.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos “estamos muy preocupadas por la situación, sobre todo, de los niños, porque la mayoría de ellos no viene con pasaportes” desde Venezuela, apuntó..

La decisión de exigir pasaporte “puede generar ruptura familiar”, además de “fomentar la migración irregular. Lo mejor sería que la gente entre, se registre, lo que permitiría incluso un mayor control efectivo” a los inmigrantes, planteó.