(AFP) El diputado opositor Juan Requesens sigue incomunicado un mes después de su detención por supuesta complicidad en un atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunciaron este jueves su defensa y familiares.

“Ya a casi un mes de que Juan Requesens fuese privado de libertad, no hemos podido verlo (…). Está incomunicado”, declaró a la prensa el abogado Joel García frente a la sede del servicio de inteligencia (SEBIN) en Caracas, donde está recluido el legislador.

García informó que interpuso un recurso judicial contra el SEBIN y la vicepresidencia de la República, de la cual depende ese organismo, para exigirles responsabilidad por lo que tildó como una “violación flagrante del derecho a la defensa”.

“No me han permitido ver a mi hijo (…) Quisiera verlo, quisiera saber cómo está”, expresó por su parte Paula Martínez, madre del asambleísta arrestado el 7 de agosto.

Según la familia, los agentes de inteligencia se niegan a recibir medicamentos y vitaminas que Requesens necesita tras haberse sometido a un bypass gástrico por razones de salud.

El martes, familiares y dirigentes de Primero Justicia -partido político del diputado- acudieron a la dirección de derechos humanos de la Fiscalía para pedir el ingreso de medicinas y doctores a su lugar de detención.

El 4 de agosto, dos drones cargados de explosivos detonaron en las proximidades de la tarima presidencial cuando Maduro daba un discurso durante una parada militar en Caracas, según la versión oficial.

Exiliado en Bogotá, el legislador Julio Borges, expresidente del Parlamento y copartidario de Requesens, calificó el suceso como “una farsa” para perseguir a adversarios del gobierno socialista.

Borges es señalado por la Fiscalía como autor intelectual del presunto ataque, debido a lo cual se anunció un pedido de extradición en su contra. Maduro también responsabiliza al expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

De acuerdo con la Fiscalía, 25 personas han sido detenidas por el caso -incluidos dos generales de la Fuerza Armada- y contra 18 más hay órdenes de arresto por ejecutar.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y gobiernos como Estados Unidos han condenado la detención de Requesens, al denunciar violaciones al debido proceso.