El Defensor del Pueblo español, Francisco Fernández Marugán, ha propuesto al Gobierno que otorgue una protección temporal a ciudadanos venezolanos mientras se encuentran en España ante la “situación de precariedad” en la que viven muchos de ellos.

La propuesta de Fernández Marugán tiene lugar tras constatar el alto número de solicitudes de protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver, 17.969 a finales de junio, y la “casi nula” tasa de reconocimiento de la condición de refugiado, ya que solo se conocieron tres estatutos de asilo, informó la institución, publicó Globovisión

Según datos de la oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat) citados por la oposición venezolana en España, 10.350 venezolanos solicitaron protección internacional en España en 2017 y 11.805 lo hicieron hasta septiembre de este año, pero las autoridades solo admitieron 26 solicitudes de asilo, 15 en 2017 y 11 en lo que va de año.

El Defensor del Pueblo, cargo que deriva del sueco Ombudsman, responsable de velar por el respeto de los derechos del ciudadano, ha recomendado que el Gobierno realice una declaración general de protección temporal para este colectivo, del que una gran parte se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad”, según reseñó EFE.

En su opinión, se trata de la fórmula “más razonable” dada la limitada capacidad de actuación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y la precariedad en la que viven muchos venezolanos en España.

La declaración de protección temporal, que tiene una duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres, está prevista en la legislación española para casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar al suyo en condiciones seguras y duraderas.

Con ella, los venezolanos que están en España, añade el Defensor, podrían disfrutar de derechos como libertad de circulación y de residencia, del permiso de residencia, autorización de trabajo o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.

Fernández Marugán recuerda que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instó en marzo a los Estados receptores de ciudadanos venezolanos a que “les permitan el acceso a su territorio” y “continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección”.