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Regional
Procurador: Tabuladores del Gobierno ponen en jaque la administración pública
12 de octubre de 2018
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El Procurador del estado Táchira, Julio Cesar Hernández, ratificó una vez más que la gestión de la gobernadora Laidy Gómez, no tiene responsabilidad alguna en cuanto a las desmejoras que ha experimentado el salario de los trabajadores del Ejecutivo regional, como consecuencia de la reconversión y la aprobación de las tablas salariales por parte del Gobierno nacional.
“Esta acción fue un evento económico sobrevenido sobre el cual la mandataria regional no tuvo, ni tiene ningún control”, afirmó
Nosotros respetamos y reconocemos – aseguró Hernández – el trabajo que ha venido haciendo el movimiento sindical para la defensa de las reivindicaciones salariales de los trabajadores y exhortamos a que continúen esa lucha.
“Esta situación es sumamente grave para la sociedad venezolana y tachirense, porque es la administración pública la que lleva adelante una serie de programas y planes en materia de salud, educación, seguridad, vialidad, vivienda etc., y si no hay suficientes funcionarios y personal idóneo para ocupar los diferentes cargos, como consecuencia de los sueldos tan desfasados, serán los ciudadanos lo más afectados”.
Hernández hizo hincapié en que dicha realidad, genera desinterés en la prestación del servicio a la comunidad y “mermará la operatividad de la administración pública”, aseveró el Procurador del estado.
Señaló que por su parte, la primera mandataria regional ha realizado todas las gestiones que le corresponden para que se continúen cancelando a los empleados del Ejecutivo todos los beneficios laborales que venían percibiendo.
“La gobernadora a través de las direcciones de presupuesto y talento humano ha insistido en que esta medida toca los principios de intangibilidad y progresividad del derecho laboral, pues los sueldos y las primas que tenían nuestros trabajadores no podían ser eliminadas, suprimidas ni salarizadas, pues las mismas son parte del salario,” dijo el Procurador del estado.
Ante ese hecho económico imprevisible – señaló- la gobernadora seguirá cumpliendo como hasta ahora con su deber de procurar los recursos, y las organizaciones sindicales como lo dicta la Ley Orgánica del Trabajo deben seguir en su importante lucha reivindicativa a los efectos de que el gobierno reconsidere esas tablas salariales ilegales, pues da la impresión de que el gobierno nacional pretende atribuirle a los trabajadores una responsabilidad en el tema inflacionario.
“Exhortamos al Gobierno nacional a que revise esta política salarial que ha afectado entre otros conceptos, las prestaciones sociales, y de igual manera consulte con los trabajadores si quieren que la bonificación de fin de año sea cancelada en Petros, lo que es inconstitucional ya que no es la moneda legal del país”, manifestó Julio Cesar Hernández.
Insistió en que todas estas medidas deben ser consultadas con la masa trabajadora por las afectaciones a la paz social y laboral de Venezuela.
Explicó el Procurador del estado que hay hechos y acciones que no son imputables directamente a los gobernadores ni a los alcaldes, ya que los Gobiernos no pueden tomar decisiones en materia de políticas salariales, “ésta es una competencia que el Presidente viene ejerciendo dentro del Estado de emergencia económica.”
En este sentido – agregó- tanto la reconversión monetaria como las tablas salariales, las cuales por cierto establecen montos máximos y mínimos entre sueldos, ponen en peligro el atractivo para que las personas con un alto nivel de formación deseen trabajar en la administración pública.
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