El constituyentista Diomar Rueda informó que el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, estableció el pasado 4 de octubre el acuerdo de regulación de las matrículas escolares con 5 mil instituciones educativas privadas en el marco del plan de “recuperación económica”.
Dijo que aquellas instituciones que pretendan cobrar matriculas dolarizadas serán sancionadas, pues “ya hay precios acordados en las matrículas escolares con colegios privados y los sectores privados”.
En este sentido declaró, mediante una nota de prensa, que ya he recibido denuncias de colegios en San Cristóbal muy reconocidos, en la parte alta de la ciudad, donde a la fecha están cobrando diferencia en las matriculas luego que estas ya habían sido pagadas entre los meses de julio a septiembre, así como aumentos desmedidos por las mensualidades que debe pagar cada representante.
Ante eso, anunció que en próximos días junto al Protector del Táchira, Freddy Bernal, y la Zona Educativa realizarán inspecciones sorpresivas a fin de poner orden en colegios.
Aseguró que en el acuerdo se estableció que “cada plantel cobrará una matrícula atendiendo a su proyecto educativo, ubicación geográfica y oferta educativa previo acuerdo con los padres, madres y representantes. Partidas emitidas y reguladas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en la resolución 058 vigente desde octubre de 2012 y la resolución 114 también vigente desde julio de 2014.”
“Ninguna institución educativa en el estado Táchira podrá especular con los costos de las matrículas. Las mensualidades de cada colegio se establecerán a través de una metodología que agrupará cada elemento de costo, a objeto de constituir los gastos de personal, la nómina mensual de cada plantel se le restará el subsidio que otorga el Estado. Además, se sumarán los materiales y costos indirectos. Estos dos resultados se anexarán y posterior se dividirán entre la cantidad de alumnos que estudien en el plantel, una vez que el pago de la matrícula es por estudiante”, precisó.
Explicó Rueda que de acuerdo con la Resolución 0027, firmada por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y cuatro cámaras que agrupan a 5 mil instituciones educativas privadas: Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) y Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep), se precisa que en los costos indirectos se incorporan los alquileres inmobiliarios, insumos de limpieza; servicios de electricidad, agua, teléfono y gas; mantenimiento de maquinarias y equipos y bienestar estudiantil como becas, comedor, servicios de salud y seguros de salud, entre otros.
Las sumas que resulten de la aplicación de la fórmula señalada por el ministro Isturiz, para el cobro de matrículas en colegios privados, durante el año escolar 2018-2019 deberán ser acordados en asambleas de padres y representantes para que se permita el buen funcionamiento de cada institución educativa de acuerdo a la necesidad de materiales e insumos de educación, costos de personal y costos indirectos, elementos estos que conforman parte de dicha fórmula.
Señaló el constituyente que dicha disposición registra el subsidio por trabajador -equivalente a medio Petro (1.800 Bolívares Soberanos) ya aprobado por el Ejecutivo para el sector privado por 90 días- con el fin de resguardar el derecho a la educación frente a los factores especulativos.