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25 de noviembre de 2024
La primera vez que tuve conocimiento consiente de aquel nefasto episodio de las ultimas décadas de la historia venezolana conocido como “La Masacre de El Amparo” fue en el año 2013, me encontraba en las instalaciones de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la localidad de El Nula, en medio de una jornada de voluntariado del Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano de la red AUSJAL, que convocó a estudiantes de Derecho de la Universidad Católica del Táchira y de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas), fueron unas breves líneas que leí apresurado al encontrarme inmerso en la apretada agenda de una institución pública Alto Apureña.
Dos cosas me impactaron notablemente, la primera conocer aquel atroz crimen de Estado y entender que la historia moderna de los Derechos Humanos en el país tiene un antes y un después de aquel acontecimiento. A partir de aquellos días oscuros, la presión ciudadana, la verdad difundida desde los medios imparciales, el deber cumplido por funcionarios públicos honestos, el acompañamiento y asesoramiento de los Defensores de Derechos Humanos, sumado a la templanza de los sobrevivientes y familiares de las víctimas así como la solidaridad de una localidad entera, es una fórmulaefectiva para frenar al abuso de poder y a los poderosos de siempre: los militares.
En segundo lugar, quedé perplejo al saber que aquella historia que un libro me contaba, había ocurrido solo a unas 3 horas del lugar en donde me encontraba, me deje afectar por una realidad en principio, ajena a la mía. Desde aquel momento, la preocupación por la vigencia plena y efectiva de los Derechos Humanos en las zonas limítrofes y fronterizas, ha sido un motivo de estudio y de trabajo para mí.
Esta semana, específicamente el pasado 29 de octubre, se cumplieron 30 años de los hechos delictivos perpetrados en manos de funcionarios militares adscritos al “Comando José Antonio Páez” en el marco de la denominada “Operación Anguila III” en medio de la cual fueron masacrados 14 humildes pescadores en el “Caño Colorada”, quienes fueron tacharon de presuntos guerrilleros colombianos.
Varias cosas valen acotar en honor a la memoria, verdad y justicia de las víctimas y de sus familiares. Las víctimas casi en su totalidad eran venezolanos, nacidos en tierras Alto Apureñas, que se dedicaban a las labores propias de la zona: agricultura y pesca. Ninguno de ellos tenía antecedentes judiciales ni alguna conducta reprochable en su pueblo. Varios estaban inscritos en el partido Acción Democrática y participaban activamente en la campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez en aquel entonces, no militaban en partidos y organizaciones de izquierda por medio de las cuales pudiera tener nexo alguno con grupos armados irregulares de esta tendencia ideológica que hasta el día de hoy tienen presencia en la zona.
En este sentido, los funcionarios militares que accionaron sus fusiles contra pescadores desarmados no actuaron solos, fueron respaldados y encubiertos por las cúpulas castrenses, por el gobierno de Jaime Luisinchi y por los medios tradicionales casi en la totalidad de sus programas televisivos y de radio. Vale preguntarse, tres décadas después ¿Qué llevó a esos jóvenes militares a disparar primero y preguntar después?
Es importante señalar que el caso “Masacre El Amparo vs Venezuela” agotó las pertinentes instancias nacionales sin obtener justicia de las mismas y fue llevado a instancias internacionales, siendo un caso emblemático para la Defensa de los Derechos Humanos y la promoción de su vigencia plena y efectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 18 de enero de 1995 entre varias cosas decidió: “que la República de Venezuela está obligada a reparar los daños y pagar una justa indemnización a las víctimas sobrevivientes y los familiares de los fallecidos”.
El Estado venezolano durante décadas ha dilapidado la obtención de justicia para los afectados, indiferentemente del corte ideológico de los gobiernos de turno, a la fecha de hoy todavía hay cabos sueltos y funcionarios sin ninguna responsabilidad por sus hechos.
Es de vital importancia que los venezolanos todos, sigamos el ejemplo de resistencia y de solidaridad de todos los actores que en aquel octubre del 88 se levantaron y con sus voces en alto reclamaron: ¡Justicia! Un valor escaso aún, 30 años después.
1. José Indalecio. 2 José Emeterio 3. José Ramón 4. Pedro Indalecio
5. Rafael Magín 6. Carlos Antonio 7. Luis Alfredo 8. José Mariano
9. José Gregorio 10. José Rigoberto 11. Arín Obadías 12. Moisés Antonio
13. Julio Pastor 14. Justo Pastor ¡Prohibido olvidarlos!
Enmanuel Sandia
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