La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que la intervención de Banesco se extenderá por 120 días más, debido a que consideran que no se han subsanado las irregularidades que motivaron la medida adoptada en mayo.
En la Gaceta Oficial N° 41.516 se publicó la nueva resolución, donde se señala que la decisión se toma porque “se detectó que Banesco posee empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas de alto riesgo tales como la República de Colombia y la República de Panamá, entre otras”, publicó Banca y Negocios.
Banesco es el banco privado más grande del país y en mayo fue intervenido por 90 días como parte de las medidas de la llamada Operación Manos de Papel, bajo la acusación de ser parte de un esquema que permitía transacciones del mercado paralelo de divisas y extracción de papel moneda hacia Colombia. Once de sus directivos fueron apresados y liberados menos de dos meses después. En agosto se renovó por 90 días más la intervención.
En la nueva resolución la Sudeban reitera lo dicho en agosto, sobre el uso de herramientas para el monitoreo de alertas y señala que estas son subutilizadas al basarse solamente en montos y no en zonas donde se hacen las transacciones.
Agregan que Banesco no realizó un análisis de las personas señaladas en la Operación Manos de Papel y que la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, “presenta debilidades significativas”.
La Sudeban incluye en esta ocasión un señalamiento de posible uso irregular de los créditos: “Visto que debido a los riesgos que representaban determinados activos del balance general, el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo debían incrementar las labores de control de los mismos; tal es el caso de la cartera de créditos que al representar casi el 50% del total activo requiere un seguimiento intensificado por cuanto compromete los recursos de los ahorristas y por ende la viabilidad del negocio y que los recursos pudiesen ser utilizados para fines ilícitos”.