Un equipo para radioterapia, el único, que no funciona desde hace dos años. La necesidad de autogestionarse desde el algodón y la gasa hasta los antibióticos durante una hospitalización. La espera de meses por una cirugía electiva. Y una red de farmacias a la que dejaron de llegar medicamentos esenciales desde hace tiempo. Enfermarse, coinciden los usuarios que describen este panorama, pareciera un lujo en el Táchira.

La Constitución de 1999 contempla que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Obliga al Gobierno a promover y desarrollar políticas orientadas a elevar el acceso a los servicios y refrenda que todos tienen derecho a la protección de su salud.

Un derecho vital, en sintonía con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el pasado  lunes cumplió 70 años en vigor. El artículo 25, reza:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

El gerente general de la Corporación de Salud del estado Táchira, Ildemaro Pacheco, dijo que garantizar los derechos humanos de los pacientes en este contexto de precariedad en Venezuela, resulta extremadamente complejo.

Tres elementos entran en juego: la red ambulatoria ha sido sistemáticamente sometida al abandono, porque se crearon otras unidades de prestación primaria de salud, como Barrio Adentro; la crisis presupuestaria, que abarca a toda la red de salud pública a nivel nacional sin distinguir tendencias partidistas; y el éxodo de profesionales de la salud, que emigran sobre todo al cono sur.

Si bien a principios de 2018 Corposalud contaba con 9.336 trabajadores, a la fecha han descendido a 7.112; la gran mayoría de esas renuncias se han dado en San Cristóbal y en los cargos asistenciales. Solo en el Hospital Central han renunciado más de 300 enfermeras y 122 médicos en lo que va de año.

Frente a esta realidad, Pacheco explicó que para garantizar el derecho humano a la salud, la Gobernación del estado ha dado al tema una prioridad en agenda en materia de asignación de recursos por créditos adicionales; recursos que, aunque insuficientes, Corposalud ha sido un ente al cual se ha dado prioridad. En segundo lugar, se han constituido en voceros de las necesidades de salud del estado: permanentemente gestionan solicitudes en Caracas. Igualmente han dado un impulso a la salud preventiva: en el año han hecho casi 90 jornadas de salud en los 29 municipios.

En resumen, se trata de una tarea extremadamente difícil garantizar ese derecho humano en estos momentos. Una tarea titánica, evalúa Pacheco.