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Regional
Ejecuciones encabezan patrones de violación al derecho a la vida
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La Declaración Universal de Derechos Humanos, la misma que esta semana cumple 70 años, lo establece en su artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Igualmente la Constitución Bolivariana de 1999 lo consagra: el derecho a la vida es inviolable, se lee en el artículo 43.
En el más reciente informe anual de Provea también se lee la documentación de 397 personas que fueron víctimas de violación al derecho a la vida solo durante el 2017. La mayoría de los casos, nueve de cada diez, corresponde a ejecuciones.
Provea teoriza que las ejecuciones comprenden todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad, en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima. Las autoridades, entre tanto, suelen reseñar casos de resistencia a la autoridad.
La cifra de 359 en un año de acuerdo a los registros de esa ONG (casi una diaria, en promedio), representa un incremento de 17% respecto al periodo inmediato anterior, manteniendo la variable un comportamiento ascendente por sexto año consecutivo. “Este dato marca un nuevo récord en el número total de muertes causada por la acción de cuerpos de seguridad del Estado desde 1989”, pone en perspectiva Provea.
Dentro de las múltiples manifestaciones que atentan contra el derecho a la vida en la sociedad venezolana, se percibe también el incremento de los linchamientos o ajusticiamientos. Así lo recuerda, por otra parte, el documento 8 del Observatorio Social del Estado Táchira (OSET-UCAT) relacionado con la violencia interpersonal.
En el Táchira, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) determinó que en 2017 se registraron 46 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Organismos internacionales lo consideran epidémico a partir de una tasa de 10.
En lo que va de año el panorama sigue preocupando: un reportaje de octubre pasado de esa misma organización no gubernamental reveló que en los 215 casos de sucesos registrados hasta agosto por el OVV-Táchira, se ve un incremento de la participación de funcionarios de los cuerpos de seguridad como perpetradores de los delitos más graves: aparecen implicados en un tercio de las muertes violentas.
La participación de los cuerpos de adscripción nacional señalados como responsables de casos de violación al derecho a la vida resulta evidente, coincide en patrones el informe anual 2017 de Provea, que aborda una escala nacional: “Del total de muertes conocidas, en más de la mitad (68 %) se señala como responsable a un cuerpo de seguridad con cobertura nacional”.
Por su parte, en el mismo reportaje del mes de octubre del OVV la politóloga e investigadora en el Táchira Jessy Aleta asegura que actualmente se da un fenómeno propio de violación de los derechos humanos, especialmente de aquellos afectados directamente por la violencia policial y militar, que son el derecho a la vida y el derecho al debido proceso. “A su vez, esto genera desconfianza institucional, indisciplina social, agudización de la violación de los derechos humanos y deterioro social”.
Daniel Pabón
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