Política

Exigen plan especial para abastecer las ambulancias de combustible

15 de diciembre de 2018

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La detención de al menos siete personas en la estación de servicio Korinú, ubicada en la Concordia, San Cristóbal, motivó a la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, a ratificar su denuncia sobre los hechos ilícitos que diariamente se generan en los surtidores de combustible.

La mandataria regional, en rueda de prensa, exhortó a los funcionarios de la Fuera Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a evaluar la posibilidad de hacer una excepción en el área de la salud para considerar este servicio, como una de las prioridades en este plan de contingencia.

El llamado lo hizo a propósito de la resolución que emitió el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en Táchira, José Leonardo Noroño, luego del procedimiento realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El comunicado establece que queda terminantemente prohibido que uniformados militares y policiales permitan el ingreso de vehículos y motocicletas de manera preferencial en las bombas de gasolina.

Al respecto la primera mandataria de la entidad dijo que si bien es cierto que se deben establecer ciertas normas para garantizar el correcto funcionamiento de las estaciones, también deben considerarse las prioridades, principalmente las de servicios médicos.

“En el sector salud hay un riesgo inminente, una emergencia no espera, por lo que los vehículos que ofrecen servicios asistenciales no pueden permanecer tanto tiempo para llenar los tanques ni debiera negárseles la posibilidad de echar gasolina por una orden que no contempla la excepción médica”, indicó a través de un boletín informativo.

“Tenemos ambulancias de Protección Civil en condición de precariedad por falta de combustible; lo mismo ocurre con las del Hospital Central de San Cristóbal, que no han podido realizar traslados a algunos municipios del interior del estado por la misma razón”, mencionó.

La sugerencia que hizo Gómez es que exista un plan especial que permita destinar una estación de servicio para el beneficio de los vehículos oficiales, de manera que se pueda cumplir con la responsabilidad de realizar el traslado de las emergencias durante las 24 horas del día.

“Corroborán los ilícitos

denunciados”

Lo ocurrido en la estación de servicio Korinú, es la muestra de las irregularidades que desde hace meses el Ejecutivo Regional había advertido, denunciado y reiterado por diferentes vías.

“De manera permanente hemos llamado y exigido el aumento en la distribución de combustible, pero sobre todo la eficiencia en el control de las estaciones, principalmente en los municipios fronterizos donde -según conocemos- se generan todo tipo de ilícitos”, mencionó Gómez.

El reclamo de que en las colas de gasolina no solo se presenta el deterioro de la ciudadanía por las horas de espera, sino también robos y hurtos contra los conductores, ha sido constante, de acuerdo con lo que acotó la mandataria. “Así será de excesivo y palpable el abuso, que tuvieron que generar este tipo de decretos”.

De igual manera esta actuación policial responde a las quejas que los tachirenses y hasta la misma gobernadora han hecho sobre el abuso de autoridad que diariamente se registra, ya que “los funcionarios cobran en pesos los cupos para echar gasolina”

“Todo esto lo denunciamos porque es parte dela realidad con la que tropezamos todos los días; sin embargo ayer supimos que se hicieron ciertas detenciones y que salió una resolución (…) Esto es bien interesante y bueno porque el abuso de poder es una de las cosas que más desgasta al ciudadano tachirense después de durar 10, 12 y hasta 14 horas en una cola”, concluyó.

 

Gobernación pagará beneficios

salariales que Gobierno nacional

eliminó en los nuevos tabuladores

Luego de que el Gobierno nacional cercenara los derechos contemplados en las contrataciones colectivas de los trabajadores con los nuevos tabuladores salariales para la administración pública, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, dijo que en un acto de justicia social, anunció el pago del bono de cuatro semanas y otros beneficios para los funcionarios del Ejecutivo regional, a partir de un crédito adicional.

La mandataria tachirense informó de la aprobación de los recursos para cancelar el último incremento salarial decretado, correspondiente a cuatro mil 500 bolívares soberanos. Asimismo cancelará el aumento de las primas que también habían sido eliminadas desde el mes de agosto cuando se oficializaron los nuevos tabuladores y por ello destinó más de 230 millones de bolívares para saldar los compromisos laborales adquiridos.

Precisó que más del 30 por ciento del crédito adicional que llegó recientemente a las arcas del estado, fue orientado a la cancelación del bono de las cuatro semanas. “Hicimos un gran esfuerzo para dar respuesta a esta exigencia tanto de los gremios como de todos  los funcionarios de nuestra administración. Son aportes patronales que se desconocieron desde hace meses y hoy compensamos esos beneficios adquiridos por los trabajadores”.

Esto ocurre luego de las diligencias que el Ejecutivo regional realizó ante la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), dando como resultado la obtención de los recursos a la fecha del cierre del ejercicio fiscal para hacer efectiva la cancelación a los trabajadores.

“Lo más importante es que nuestros funcionarios van a poder gozar y disfrutar el bono de las cuatro semanas, lo que demuestra que haciendo esfuerzos y presupuestando de manera pormenorizada podemos lograr las cosas”, argumentó.

Destacó que fue presupuestado y aprobado también el pago de las prestaciones sociales que están en mora en todos los entes centralizados y descentralizados de la Gobernación del Táchira hasta el mes de septiembre de este año, sin  embargo,   “estamos a la espera de que esta semana lleguen recursos para terminar de solventar el pago del último  trimestre del año”.

El Gobierno regional aprobó el presupuesto para la cancelación del diferencial de aguinaldos decretado el primero de diciembre y aspira, se pague a los funcionarios, antes del 22 de diciembre.

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