Regional
Tribunal de Protección ordenó reincorporación inmediata a las aulas de clase
10 de febrero de 2019
El Tribunal segundo de primera instancia de Mediación y Sustanciación con funciones de ejecución del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente del estado Táchira, a cargo del juez Luis Alberto Cárdenas, dictó como medidas el cese inmediato de toda acción, acto u omisión realizada por el personal directivo, docente, administrativo y obrero de la instituciones educativas
municipales, estadales, nacionales, públicas y privadas; que menoscaben o violen el derecho fundamental y constitucional a la educación.
Asimismo, ordenó la reincorporación inmediata a las aulas de clase, a fin de que los maestros y docentes inicien las actividades académicas y cumplan con los objetivos planificados para el años escolar 2018-2019; además exhortó a los padres y representantes a actuar con responsabilidad, para garantizar a sus hijos y representados, el Derecho a la Educación como uno de los principales derechos humanos.
Estas medidas fueron dictadas en respuesta a la acción judicial interpuesta por la Directora de la Zona Educativa del estado Táchira, Charly Rojas Chávez, en contra del personal directivo, docente, administrativo y obrero, de algunas instituciones educativas nacionales, estadales municipales que desde el 07 de enero de 2019 no cumplan sus funciones, y que por ende, estén violando el derecho a la educación.
En este contexto, los jueces y juezas del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente del estado Táchira, la fiscal superior del Estado, los integrantes de la Defensoría del Pueblo, de las Defensorías Educativas y de la Zona Educativa de la entidad, además de representantes del Ministerio Poder Popular para la Educación, acordaron establecer a partir de este lunes 11 de febrero la ejecución forzosa de las medidas judiciales en los diversos recintos educativos que no las han cumplido de manera voluntaria; y de reiterarse el incumplimiento de la acción judicial, se elevarán ante el Ministerio Público que dará la apertura a procedimientos por desacato a la autoridad.