Se trata de una antigua demanda de varias provincias por lo que consideraron una indebida retención por parte de organismos de la administración nacional de un porcentaje de los llamados impuestos coparticipables (que la Nación debe compartir con las provincias).

A fines de 2015, el alto tribunal había declarado inconstitucional esa retención y habilitó un período de negociaciones entre las provincias y el gobierno para acordar el monto y la modalidad de pago.

Además de San Luis, habían demandado las provincias de Santa Fe y Córdoba. Esta última llegó a un acuerdo con el gobierno de Macri, pero no así los otros dos distritos.

Tres de los cincos jueces de la Corte ordenaron este martes la devolución de 15.000 millones de pesos (377 millones de dólares) retenidos a San Luis entre 2006 y 2015, año en que la Corte ordenó suspender la detracción.

Si la Corte falla en el mismo sentido con Santa Fe, el Estado nacional debería desembolsar 45.000 millones de pesos (1.130 millones de dólares).

La retención del 15% para sostener la seguridad social remontaba a un pacto fiscal de 1993, cuando se privatizó el sistema de jubilaciones. Al eliminarse en 2008 el régimen de capitalización, durante el gobierno de Cristina Kirchner, las provincias reclamaron recuperar ese porcentaje. Otro 1,9% iba al ente federal de recaudación.

Argentina, tercera economía de América Latina, acudió el año pasado al FMI en medio de una estampida cambiaria y a cambio del plan de ayuda que suma 56.000 millones de dólares en 36 meses, el país se comprometió a hacer fuertes recortes para bajar el déficit a cero en 2019. AFP