La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) urgió este martes a la guerrilla del ELN a que detenga “de una vez” sus ataques contra el transporte de crudo en Colombia, a causa de su alto impacto ambiental en la zona fronteriza con Venezuela.

El jefe del organismo que vela por derechos humanos, Carlos Negret, denunció 19 atentados con explosivos en lo corrido del año principalmente contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que han afectado a poblaciones limítrofes en los departamentos de Arauca y Norte de Santander (noreste).

Este tipo de acciones suelen derivar en incendios y la contaminación de fuentes hídricas. Los más recientes ataques se produjeron entre miércoles y jueves.

El ELN, que históricamente ha defendido la nacionalización del petróleo y extorsionado a compañías extranjeras y locales que explotan crudo, reactivó su ofensiva de baja intensidad, a raíz de la decisión del presidente Iván Duque de romper las negociaciones de paz que había iniciado bajo el pasado gobierno (2014-2018).

Negret denunció que mediante sus acciones el ELN “vulnera el Derecho Internacional Humanitario al perpetrar atentados contra la naturaleza y obstaculizar las labores de mitigación de los daños y limpieza de los ecosistemas”.

Por eso la Defensoría del Pueblo “hace un llamado urgente al ELN y a los demás grupos armados ilegales para que cumplan los preceptos del Derecho Internacional Humanitario, y cesen de una vez las voladuras de oleoductos y respeten los derechos humanos de la población que habita cerca de infraestructura”.

Con al menos 1.800 combatientes y una extensa red de apoyo, el ELN es la última guerrilla reconocida en Colombia tras el desarme y trasformación en partido de las FARC, tras firmar la paz a finales de 2016.

El gobierno de Duque decidió dejar en suspenso las conversaciones que venían realizándose con el ELN desde 2017, antes de declarar en enero su ruptura definitiva a causa de un mortal atentado con coche bomba en una escuela de formación de policías. 

El mandatario exige a los rebeldes detener todas sus “actividades criminales” como condición para el reinicio de los contactos de paz.