El 7 de febrero, en Montevideo, el grupo de contacto se dio 90 días para intentar sentar las bases de cara a una elección presidencial anticipada en el país, algo que el mandatario venezolano Nicolás Maduro ya ha descartado.

A un mes de que finalice ese plazo, Borrell llamó a “acelerar” el trabajo del GCI, cuyo ritmo es “lento, demasiado lento”. “Los plazos que se fija la UE (…) son excesivamente lentos para la urgencia y la gravedad de la situación”, advirtió.

A nivel interno, el opositor Juan Guaidó,  reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, llamó el sábado a continuar las movilizaciones para entrar en la “fase definitiva del cese de la usurpación”.

Maduro urgió por su parte a México y a Uruguay a reactivar su propuesta de diálogo para una salida negociada al conflicto político, sin intervención extranjera, una iniciativa diferente a la lanzada por la UE con países latinoamericanos.

Fuera de Venezuela, Washington no descarta una acción armada en el país con la mayor reserva petrolera, mientras que Rusia, que acusa a Washington de organizar un “golpe”, envió en marzo aviones y soldados, según medios venezolanos.

El canciller español aseguró que la posibilidad de nuevas sanciones por la crisis “está sobre la mesa”, dependiendo “de cuál sea el comportamiento del régimen”, y las vinculó al respeto de la integridad de Guaidó.

La oficialista Asamblea Constituyente despojó el martes de su inmunidad a Guaidó, presidente del Parlamento venezolano controlado por la oposición, y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones.

El GCI, que reúne a la UE, ocho países europeos, entre ellos España, y los latinoamericanos Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, tienen previsto reunirse de nuevo a principios de mayo en el país centroamericano. AFP