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Reportajes y Especiales
El Mundo: Informe revela que el 99,8% de las trabajadoras sexuales extranjeras en Bogotá son venezolanas
19 de abril de 2019
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El periódico el Mundo de España publicó un reportaje titulado «Del hambre a la prostitución» donde señala que hay miles de venezolanas víctimas de trata de personas, trabajos forzosos y sumisión doméstica; y refiere que el 99,8% de las prostitutas extranjeras en Bogotá son venezolanas y siete de cada 10 es allí donde son explotadas por primera vez en sus vidas.
Sara estaba intentando cruzar ilegalmente la frontera cuando unos hombres se ofrecieron a llevarla por una aduana oficial. Ningún funcionario hizo preguntas. Al llegar a Colombia, Sara fue encerrada y explotada sexualmente. Quedó embarazada, logró huir y hoy está escondida en algún lugar de Colombia. Tiene 19 años.
La cara oculta del éxodo venezolano
La gran puerta de atrás de este peregrinaje triste es Colombia, país que hace frontera con Venezuela y que entre 2016 y 2019 ha recibido más de 900.000 refugiados. Y refugiadas.
El pasado febrero, cinco organizaciones venezolanas y una colombiana de defensa de los Derechos Humanos enviaron a Naciones Unidas un demoledor documento sobre la desventura de las emigrantes de Venezuela y las carencias de Colombia para atenderlas. El Informe Sombra sobre el Noveno Informe de Colombia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es contundente: “Faltan mecanismos de identificación y de asistencia a las mujeres y niñas víctimas de trata procedentes de Venezuela (…) Algunas fueron víctimas de violencia sexual, maltrato físico y amenazas por desconocidos, posiblemente vinculados a organizaciones criminales que actúan en la frontera (…) Las migrantes venezolanas se enfrentan a graves riesgos y están en situación de extrema vulnerabilidad”.
Naciones Unidas ha respondido en mayúsculas. En un dossier fechado el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer-, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés) expresa su “preocupación” por que las “mujeres y niñas migrantes de Venezuela sean víctimas y explotadas con frecuencia”. “A este Comité le preocupa que en 2016 sólo una víctima de trata recibió protección de la Oficina del Fiscal General y que, pese al Decreto Presidencial 1069/2014, que estipula que se debe otorgar apoyo a las víctimas de trata, no hay refugios operados por el gobierno dedicados a las víctimas de la trata”. Por eso, el CEDAW “recomienda” a Colombia que “establezca refugios y centros de crisis financiados y equipados y ofrezca reintegración a las mujeres y niñas que son víctimas de trata”.
Hablamos de vacíos estructurales en identificación, protección, ayuda médica y psíquica, interrupción del embarazo, asilo y asesoría jurídica.
Víctimas doblemente víctimas
El Registro Administrativo de Migrantes venezolanos en Colombia indica que de las 219.799 mujeres inscritas hasta el pasado junio, 8.209 estaban embarazadas. El espanto es lo que seguía: el 98% no poseía ningún tipo de seguridad social y el 77% no tenía acceso a controles prenatales.
“Ante la crisis humanitaria en Venezuela, estamos viendo la violencia y discriminación que sufren mujeres y niñas en su migración y en sus lugares de asentamiento. Muchas no hallan atención digna para sus embarazos. Otras quedan embarazadas por violencia sexual y son forzadas a continuar su gestación o buscar abortos furtivos que amenazan su vida. Y otras sufren explotación sexual o doméstica y son vistas como ‘ilegales’ y no como víctimas de trata”. Es Angélica Cocomá, abogada colombiana de la organización internacional Women’s Link Worldwide, uno de los seis colectivos del Informe Sombra.
El dictamen denuncia que las mártires de “trata” [captación violenta para explotación laboral, doméstica o sexual] son confundidas con las de “tráfico” [traslado a otro país por medios ilegales]. Subraya que sólo se atiende a quien busca ayuda institucional, “cuando es excepcional que una víctima de trata de autoidentifique”. “Las extranjeras son expuestas a la deportación con riesgo de ser captadas nuevamente por sus tratantes”.
María salió de Venezuela cuando el rugir de sus tripas era ya una banda sonora de hambre. Llegó a Colombia con un trabajo pero adquirió una deuda con sus empleadores por el traslado y tuvo que saldarla a base de esclavitud sexual. Tiene 26 años.
El Ministerio del Interior colombiano informó en 2018 del rescate de 23 venezolanas “presuntas” víctimas de explotación sexual. El Informe Sombra refleja que Interior adujo que ninguna se autoidentificó como tal, “lo que depositó una carga desproporcionada en ellas”, y critica que no se analizó el riesgo de devolverlas a Venezuela y que sólo se les dio un kit de aseo y atención médica. “Ni seguridad, ni alojamiento digno, ni asistencia médica, psicológica y jurídica”.
Women’s Link ha comprobado que mujeres y niñas violentadas sexualmente “no reciben atención en urgencias y son revictimizadas”. “Los hospitales no informan de violaciones si es una menor de 14 años. Las autoridades estatales desconocen cómo atender a venezolanas víctimas de violencia sexual. Ante la ausencia de casas de acogida, duermen en la calle o en casas de personas que les exigen servicios sexuales como contraprestación a la vivienda”, acusa el Informe Sombra de Women’s Link y las ONG venezolanas Mujeres en Línea, Justicia y Paz, AVESA, FREYA y Equivalencias en Acción.
Cuando huyen de sus proxenetas o sus agresores, las víctimas se topan con la violencia de Estado: para recibir atención médica deben regularizar su estatus migratorio y afiliarse a un seguro, el eterno miedo de cualquier migrante que se pasa la vida huyendo. Pero esa exigencia es ilegal, ya que la propia Corte Constitucional colombiana establece el derecho a la salud de los migrantes, incluso irregulares, ya que “la garantía de derechos fundamentales no deriva de la condición de ciudadano, sino de la de ser humano que habita en Colombia”.
Estamos ante la sofisticación de la violencia de género. Y el CEDAW vuelve a amonestar: “Preocupa que el decreto 1288/2018, que garantiza la atención médica a personas con estatus migratorio irregular, sólo se aplique en una emergencia, pero sin especificar qué constituye una emergencia”. Así, pide a Colombia “atención prenatal y postnatal a las embarazadas y lactantes venezolanas independientemente de su estado migratorio”. Y que “aclare qué es una emergencia para garantizar que las complicaciones del embarazo se clasifiquen como emergencia”.
La última pata de la indefensión son las “barreras legales” y las “largas demoras” para la concesión del estatuto de asilo o de refugiado. El Informe Sombra alerta de que Colombia puede negar un asilo cuando ya se esté ejecutando una deportación, algo que “desconoce la naturaleza misma del derecho de asilo y puede exponer a una víctima de trata a una expulsión sin garantías”.
El CEDAW es tajante: “El Comité está seriamente preocupado por que la regulación de asilo no da a los solicitantes acceso a servicios básicos ni derecho a trabajar, lo que lleva a algunos a no pedirlo. El Comité toma nota de que la situación legal actual tiene serias implicaciones para mujeres en situación migratoria irregular, especialmente las venezolanas”.
Migrantes venezolanas…
El Comité de Bogotá para la Lucha contra la Trata señala que el 30% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas venezolanas. El Observatorio de Equidad de Género calcula que el 74% de venezolanas que ejercen la prostitución lo hacen por primera vez en Bogotá: “Están expuestas a enfermedades, son víctimas de abuso policial, discriminación, retenciones ilegales y violaciones”.
El informe Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna, realizado por Paz Activa con ayuda financiera de la Embajada del Reino Unido en Caracas, sitúa redes de tráfico y de trata que se están aprovechando del “éxodo masivo” de venezolanos. “Tenemos venezolanas que son llevadas a tierras cercanas como Cúcuta, Colombia, donde no sólo son explotadas por la venta de favores sexuales, sino que, en la competencia con las nativas colombianas, deben ceder a las exigencias de los cuerpos de seguridad de ese país, cayendo en revictimización a través de explotación sexual y pagos de ‘coimas’ [soborno] para mantener su trabajo”.
La abogada Beatriz Borges, una de las autoras del informe, asegura que, en sólo dos años, “los casos de esclavitud moderna han crecido un 300% y son ya 198.000 personas”.
¿Quién emigra? Desafíos.com.ve cita a Daniela Inojosa, una activista chileno-venezolana del colectivo La Araña Feminista: “Antes de 2012, la trata de venezolanas era casi imposible porque las pobres migraban muy poco. Pero ahora hay una gran migración económica de las clases populares. Las venezolanas son captadas bajo ofertas de trabajos que no requieren experiencia, como mesoneras, modelos o anfitrionas. Algunas venezolanas no están involucradas en un mundo sórdido, no les quitan el pasaporte o las obligan, sino que la prostitución se les presenta como la única opción. La mayoría de las migrantes son mujeres solas con la urgencia de sostener económicamente a sus familias en Venezuela”.
Gabriela era más joven que Sara y que María cuando vio interrumpida para siempre su niñez. Dos hombres la atacaron en una trocha[frontera clandestina]. La golpearon, la violaron y la amenazaron con matar a su familia si denunciaba. La dejaron embarazada y trató de abortar.
Hoy vive de incógnito en la otra punta de Colombia. Tiene 16 años.
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