Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), pidió a las autoridades de Acarigua investigar de manera “inmediata, exhaustiva e imparcial”, los hechos ocurridos el pasado viernes donde fallecieron 30 personas en los calabozos del Centro de Coordinación N° 2 General José Antonio  Páez en Acarigua, estado Portuguesa.

Prado también solicitó la intervención de esta Policía pues, denunció, se pudo evidenciar a través de videos “cómo los presos estaban armados y en una supuesta requisa realizada después de la masacre, fueron presuntamente sacadas 17 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres y escopetas, tres artefactos explosivos tipo granadas, así como múltiples armas blancas”.

Se pudo conocer que familiares afirmaron al OVP que algunos de los fallecidos presentaron heridas de bala en la cabeza, y que en el informe forense, esta información fue omitida.

“OVP exige que no exista impunidad en estos nuevos hechos violentos; que se ubique, enjuicie y condene a los responsables de estás masacre, así como el Estado debe reparar los daños causados a cada una de las víctimas y sus familiares”, destacó.

Recordó que en tres años se han registrados tres masacres en calabozos policiales, en las que no se ha tenido respuesta alguna del Estado, al que tildó de responsable.

En el 2017, ocurrió la masacre de Amazonas con 39 presos fallecidos. Luego en el 2018 en el calabozo policial de Carabobo donde fueron asesinados 67 presos y dos visitantes para un total de 69 personas.

El más reciente ocurrió el 24 de mayo de 2019, donde 30 presos murieron en un motín carcelario.

Uno de los presos fue asesinado el jueves 23 de mayo y de allí se desató el conflicto que culminó el viernes con 29 presos muertos, convirtiéndose en una nueva masacre.

Los cadáveres de los 30 reclusos fueron trasladados hasta el Hospital Dr. Jesús Casal Ramos de Acarigua, allí sus familiares reconocieron a sus seres queridos. Muchos de ellos no tienen recursos para darle cristiana sepultura.

“El Gobierno fue el que los mató y ellos deberían darnos el dinero para enterrarlos”, expresó una de las tías de los fallecidos a un medio de comunicación local, afirmando que lo mínimo que cobra un servicio funerario es un millón 300 mil bolívares. 

Miriam Bustos