El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, informó que hasta mayo de 2019, 46 reclusos han fallecido en distintas cárceles del país por violencia y falta de acceso a la salud.

“Murieron muchachos por salmonela, hemorragias y hepatitis; los llevaron al hospital sin signos vitales”, subrayó Prado en entrevista a Globovisión.

Recalcó que los privados de libertad pasan a ser responsabilidad del Estado, el cual debe responder por su integridad física, además de garantizar  el acceso a alimentos, servicios de salud, atención psicológica y programas de reinserción social.

A su juicio, estas condiciones no se cumplen.

En los centros penitenciarios hay acceso a la salud porque los familiares de los presos hacen un viacrusis para llevarles medicamentos, declaró.

Aseveró que en las cárceles venezolanas la situación de los servicios públicos es crítica, lo que ha originado protestas como la  registradaen el “Centro 26 de Julio”, en San Juan de los Morros, en el estado Guárico,  que dejó cinco heridos y un fallecido.

“Un 90 por ciento de los centros, tienen problemas. En Tocorón, Tucuyito, Guanare y Vista Hermosa, cocinan con leña y la comida es mala (…) los presos de El Dorado tienen los dientes picados por falta agua potable”, dijo.

Prado enfatizó que, en teoría, el Sistema Jurídico venezolano cuenta con una estructura sólida para garantizar los derechos humanos de los reclusos, pero sostuvo que las garantías no se concretan por la inacción del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Calificó al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, como “una figura que no se ve y ni siquiera ha interpuesto ante el TSJ un amparo para el derecho a la alimentación de los reclusos”.

En materia de seguridad, el especialista manifestó que las autoridades penitenciaras “no han hecho nada para disolver los grupos de pranato”,  lo que en su opinión, los “convierte en cómplices” de la violencia en las cárceles. (MB)