España se suma así a otros seis países europeos -Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Hungría y Rumanía- a los que la Comisión denunció en mayo de 2018 ante el Tribunal de Justica de la UE (TJUE) tras más de una década de advertencias.

Entonces, Bruselas decidió eximir a España y otros dos países, al estimar las medidas en aplicación o previstas para luchar contra la contaminación del aire, siempre y cuando se ejecutaran “correctamente”.

“Un año más tarde, la evidencia sobre los daños causados por la contaminación atmosférica sigue creciendo, ya no hay lugar para las excusas. Necesitamos ver acciones decisivas”, aseguró el comisario europeo en rueda de prensa.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, casi 9.000 personas mueren prematuramente cada año por los niveles de NO2.

La decisión de la Comisión Europea se produce después que el nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, liderado por el conservador José Luis Martínez-Almeida, decidiera paralizar un plan anticontaminación de su predecesora.

El sistema Madrid Central, puesto en marcha a finales de 2018 por Manuela Carmena (2015-2019, progresista), restringe la circulación en el centro histórico a los residentes y a los vehículos no contaminantes, so pena de multas.

La justicia española obligó a inicios de julio al Ayuntamiento de Madrid a mantener el plan anticontaminación, justificándolo como una medida para luchar contra la contaminación y cumplir las normas europeas e internacionales.

Interrogado acerca del caso de Madrid Central, Vella rechazó comentarlo, pero precisó que “se necesitan medidas eficaces para lograr una mejor calidad” del aire y que corresponde a los países escoger las medidas “para lograr resultados”.

Los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea pueden implicar, en última instancia, duras sanciones económicas contra los países que incumplan las reglas europeas.

AFP