Con una tradición de medio siglo en la frontera, como actividad económica de gran productividad, el sector transporte que asume las rutas interubanas desde San Antonio y Ureña, proyectadas al resto del estado Táchira, se declara en emergencia ante el auge de la “piratería”, que no solo lo coloca en desventaja frente a la informalidad, sino que amenaza con la clausura de sus labores, dejando sin empleo a un importante contingente laboral y sin pan a muchas familias.

Ya agotados los clamores al Ministerio de Transporte, a los municipios involucrados y los estamentos regionales, los transportistas, como han manifestado sus voceros de las empresas ya consolidadas y de ejercicio legal,  sienten que al no ser oídos como es preciso, se vean obligados a tomar en los próximos días acciones más radicales.

Si bien es de entender la terrible situación económica que atraviesa el país, que ha obligado a muchos dueños de vehículos particulares a aprovechar el gran caudal de pasajeros que necesita desplazarse desde y hacia la forntera, la situación raya en el caos y no sería justo que por el mismo se llevara a la quiebra al sector transporte.

Una desconsideración que ellos consideran comienza con el relegamiento en que los tienen, obligándolos a limitar su acopio de pasajeros en el Terminal de Pasajeros de San Antonio, pudiendo en limitadas ocasiones hacer el trasbordo en las cercanías del cementerio de la mencionada localidad. Este desplazamiento ha permitido a la “piratería” expandirse en lugares de estacionamiento más ventajosos para captar el ingente número de personas que vienen de hacer sus compras u otras gestiones desde la ciudad de Cúcuta, agotadas por el largo tramo que tienen que recorrer a pie, muchas veces acarreando pesados paquetes.

Esa anarquia no solo afecta al transportista legal, sino al servicio mismo, obligando a los pasajeros a abordar unidades no aptas para ser ocupadas -muchas usadas anteriormente para movilizar carga pesada o ganado-, pagándose tarifas no reguladas -a veces a capricho de quien cobra- y sin garantías a su seguridad durante el trayecto que deben recorrer para llegar a su destino.

Vehículos de todo tipo se han dedicado a la informalidad, desde lujosas camionetas para varias personas, hasta camiones y carros con desperfectos mecánicos, pasando por aquellas busetas que han salido de las rutas interurbanas y suburbanas que les fueron asignadas, para usurpar otras para las cuales no han sido autorizadas. Una variopinta gama de marcas y estilos, en últimas de “rebusque”, que escapa a toda reglamentación oficial al respecto.

Los voceros del sector transporte organizado y legal plantean, como medida primera e ineludible, poner coto a la piratería y, en segundo lugar, la reubicación en sitios más accesibles a los pasajeros, como alguna vez se hizo en cercanías de la Aduana de San Antonio o en sus adyacencias. Ni aun queriendo, el pasajero proveniente de la frontera puede acceder al transporte legal, ya que los medios para movilizarse al Terminal de Pasajeros están vedados, o incluso han sido tomados por una informalidad interurbana que encarece los viajes, a tal punto que la gente prefiere agarrar el primero que le ofrezca un aventón directo, por ejemplo, a San Cristóbal o Rubio, a veces sin importarle la condición de embarque que se le ofrezca.

Como afirman los denunciantes, varios accidentes en los cuales ha sido protagonista el transporte ilegal se han reportado; pero por suerte no han sido reportadas consecuencias graves, aunque nada garantiza que tal cosa no suceda, en vista de la poca supervisión.

Situación preocupante

Entre las quejas emitidas está la reducción del escalafón de carga –el lugar donde se estacionan las unidades- para las líneas, a tal punto que hay uno solo para las cinco que operan en el Terminal de Pasajeros de San Antonio, cuando en el pasado cada una tenía asignado un escalafón de carga. Ese reducido espacio debe ser repartido entre Bolivarianos, Línea San Antonio, Vencollanos, Unión de Conductores y las Estrellas. De paso, también hay serias denuncias sobre persecusiones, multas injustificadas y medidas que rayan en la arbitrariedad, de parte de los administradores de ese puerto terrestre. Un directivo de una línea, que prefirió guardar el anonimato, aseguró  que “en el Terminal estamos encerrados y acorralados, y no hacemos nada”.

Denuncian que la persecusión en su contra ha llevado incluso a ser fotografiados, si algún chofer se atreve a subir pasajeros fuera de los límites del Terminal de Pasajeros, para posteriormente ser sancionado por esto, mientras la “piratería” sí puede operar a sus anchas.

Freddy Omar Durán