La gerente general de Dava Abogados, especialista en derecho procesal penal y en ejercicio de la función fiscal con estudios de diplomado en la Universidad del Externado de Colombia, Desirée Alejandra Vitale de Arias, sugirió a todos aquellos ciudadanos que hayan sido detenidos por funcionarios de seguridad del Estado en alcabalas, a que exijan a esos uniformados que se identifiquen y expliquen el porqué de la retención de pertenencias personales.

«Esa identificación no es solamente el nombre. Debe decir rango, a dónde pertenece y número de credencial. Adicionalmente, debe informar a la persona cuál es la razón de la detención y por qué lo pretende revisar», dijo la jurista, quien precisó que ninguna autoridad puede quedarse con los documentos de identidad de las personas.

¿A dónde acudir?

Vitale precisó que para denunciar estos casos deben acudir a la Dirección Contra la Corrupción, Dirección de Derechos Fundamentales en el Ministerio Público (MP) y en las inspectorías de los cuerpos de seguridad que se trate.

En entrevista concedida a Áryeli Vera para Unión Radio, la abogada señaló a los venezolanos que estén atentos a los puntos de control que sean utilizados de manera «irregular».

«No podemos entregar el teléfono a los funcionarios (…) existe el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y allí la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, no establece excepciones. No hay ninguna obligación para entregar el teléfono», expresó.

El derecho a la privacidad

Artículo 48:

«Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso».

Artículo 60:

«Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

Jean Carlos González/ Unión Radio