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Frontera
EDICIÓN FRONTERA | Las casas de cambio no mejorarán la frontera
16 de agosto de 2019
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Cualquier sistema económico de frontera tiene entre sus peculiaridades el encuentro directo y permanente de dos o más monedas que, al entrar en esa relación y ciertas actividades financieras, reciben el nombre de divisas. El intercambio de divisas es la actividad más importante del mundo, son cinco billones de dólares por día. Las casas de cambio están en los niveles más bajos, existen sobre todo en aeropuertos y, obvio, en fronteras. Las divisas cumplen funciones como: medio de intercambio para el pago, de bienes y servicios, como unidad de cuenta para establecer o fijar el precio y el valor de los bienes; pero, ojo, la moneda no genera el valor, lo registra, lo constata. Es de destacar que este negocio tiene un principio básico, que es la especulación, la esperada por los que se acercan a las divisas, sean: particulares, empresarios o funcionarios gubernamentales.
Las casas de cambio de San Antonio del Táchira fueron cerradas en el 2015. Después de esos cierres, la Gobernación instaló en San Cristóbal (enero 2017) una red de Italcambio para que los tachirenses adquiriesen divisas en casas cambiarias ubicadas en Cúcuta, pero este sistema tenía serias restricciones, como discriminación social: un pensionado o un pequeño productor, por no presentar constancias de declaración fiscal, no podían hacer el trámite; xenofobia, solo se vendía a venezolanos por nacimiento. Lo paradójico, con todas las denuncias sobre las más de tres mil casas de cambio que atacaban a Venezuela y otras denuncias, ese negocio se culminaba en Cúcuta, donde se retiraban los 700 pesos y debía cancelarse una comisión de más del 30 %. Obvio que esto no significó ningún estímulo, ni a la producción ni al bienestar de los tachirenses. Posteriormente, el superintendente de Sudeban declaró: “Hemos sometido a un proceso de investigación a Italcambio y estamos tomando unas medidas preventivas para sanear, por operaciones cambiarias no autorizadas”. (Globovisión, Correo del Orinoco 5-5-2018).
Este articulo lo motiva la solicitud de los alcaldes (PSUV) de Ureña y San Antonio (Últimas Noticias, 14-07-2009), solicitando se reabran las casas de cambio – al parecer, otras alcaldías están interesadas en lo mismo-, para que el bolívar no se vaya a Cúcuta, pero ya eso no ocurre, pues la dirección del flujo se invirtió, ahora los pesos son los que vienen a San Cristóbal. Los venezolanos reciben remesas en Cúcuta y allí compran alimentos, medicinas y otros productos; si les sobra algo de los 100 dólares, que por lo general es la cantidad que reciben, traen la moneda norteamericana y, si son tachirenses, prefieren los pesos. En San Cristóbal, el transporte, comercio y otros se pagan en pesos. Y los tachirenses, por lo general, llevan pesos a Cúcuta, no bolívares. Mientras los viajeros provenientes de Caracas y otras ciudades llevan dólares a Colombia. Lo otro que se dice es abrir venta de combustibles y víveres En la actualidad no hay para exportar o vender en divisas.
Los alcaldes hicieron la crítica de que hay 3.400 casas de cambio en Cúcuta, cifra que creó la Gobernación en el 2014 y que es repetida en Caracas, pero el perímetro comercial de Cúcuta son unas 120 manzanas y si solo se construyesen casas de cambio, quedaría un 20 % para otros fines. No hay en Cúcuta esa cantidad de casas de cambio. Y en Colombia, Ecuador y Venezuela, juntos, tampoco hay esa cantidad. Veamos del número de las casas de cambio. Para la venta de divisas libres, el vicepresidente Ejecutivo declaró que en toda Venezuela se autorizaban tres casas de cambio y que estas tenían 124 agencias en todo el país (Correo del Orinoco, 8-6-2018).
Debe superarse esa inclinación frenética por las divisas, el monetarismo y una de sus expresiones, las casas de cambio, no mejorarán la frontera. Los alcaldes deben cumplir la ley que les regula, en donde se norma que los alcaldes “deben someter a consideración del Concejo Municipal los planes de desarrollo urbano local, conforme a las normas y procedimientos establecidos en los instrumentos normativos nacionales” (Art. 88/10 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal). En los municipios fronterizos están las parroquias del más alto índice de pobreza del país, en García de Hevia, San Antonio y Ureña es lo que debe atenderse; además, el cierre de frontera generó la clausura y quiebre de empresas, dejando cerca de 16 mil desempleados.
La vinculación y la continuidad espacial de las ventajas y los problemas obligan a considerar los planes industriales y de seguridad, con la otra parte, y decidir sobre asuntos como la creación del bolívar y el peso fronterizos en condición de paridad. En fin, los esfuerzos y la planificación deben orientarse a fortalecer y estimular: la producción industrial y agrícola, la salud, vivienda, vialidad, educación, transporte y seguridad. Eso se alcanzará con planes de desarrollo, no con casas de cambio.
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