«Mi hijo es inocente»
27 de noviembre de 2024
“La reciente confiscación de los equipos de transmisión de la emisora RBI 90.9, de Ureña, por parte de un grupo de efectivos militares, es un atentado más a las libertades de expresión e información y, por ende, una violación a los derechos humanos de los habitantes de la frontera”, declaró Oswaldo Cáceres, gerente general de Fundaredes.
En una nota de prensa de la Fundación, Cáceres afirma que “este hecho demuestra el talante totalitario del régimen, que busca reducir, utilizando métodos ortodoxos e ilegales, la cantidad de medios de comunicación que aún existen en el país”.
A su criterio, esto sucede “mientras más de cinco emisoras pertenecientes a diversos grupos guerrilleros colombianos funcionan sin restricciones en el espectro radiofónico nacional”.
— Resulta absurdo, por no decir irónico -aseveró el defensor de DD.HH.-, que mientras desde nuestra organización hemos denunciado en reiteradas oportunidades la injerencia comunicacional de los grupos armados irregulares colombianos en Táchira, Zulia, Apure, Barinas, Mérida y Amazonas, sin que el Estado venezolano haya tomado acciones contundentes al respecto, las autoridades militares desmantelen a la fuerza un medio de comunicación con más de 20 años de trayectoria y con su documentación actualizada ante Conatel -expresó-.
“Esta nueva agresión por parte del Estado a la libertad de expresión en nuestro país demuestra claramente que la prioridad de la autoridades no es otra que continuar la vulneración sistemática de los DD.HH.”.
“Nosotros hemos evidenciado, dijo, la actividad de más de 5 emisoras en FM manejadas por agrupaciones terroristas colombianas en 36 municipios del eje fronterizo y, a pesar de ello, esta situación no es prioridad para las Fuerzas Armadas”, afirmó Cáceres.
—Nos genera suspicacia y a la vez preocupación – continuó-, cómo quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, los organismos de seguridad del Estado y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, permiten que continúen al aire emisoras pertenecientes a grupos irregulares.
Se sabe que la programación de esas emisoras contiene mensajes “ideologizantes, adoctrinantes y de guerra, mientras que RBI 90.9 FM es cerrada arbitrariamente y robados sus equipos, solo por informar, educar y entretener a los ciudadanos, bajo los principios de libertad y democracia”.
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