Segaron la vida de venezolano en Ecuador
25 de noviembre de 2024
Desde un enfoque académico, que radiografía el panorama e incluye propuestas, el Observatorio Social del Estado Táchira resalta en su nuevo documento la necesidad de la organización y participación ciudadana para limitar este flagelo
En la frontera, producto de la ausencia institucional del Estado, realidades como el narcotráfico, el contrabando y la migración ilegal coadyuvan a la compleja construcción social de la violencia
Incentivar el sentido de pertenencia a la comunidad donde se habita, promover una gerencia pública integrada por diversos actores y generar confianza en las instituciones son algunas de las soluciones
Registros indican que en 2016 hubo 616 sucesos de violencia interpersonal en el Táchira. En promedio, más de uno diario. La misma estadística de 2015 había cerrado en 487 casos, lo que permite concluir que aumentó 26 % de forma interanual.
En Venezuela, cada año se incrementan las cifras de violencia interpersonal, indica la investigación “El Táchira en cifras-2016. La violencia interpersonal: ruptura de la convivencialidad, un grave problema social”. Y, aunque el Táchira no representa el estado con mayor incidencia de violencia del país, “sí reviste un interés especial, pues la dinámica económica y social que adquiere por ser un territorio de frontera merece ser analizada”, argumenta el documento número ocho que produce el Observatorio Social del Estado Táchira (OSET), adscrito a la Universidad Católica del Táchira (UCAT).
De los 616 sucesos de violencia interpersonal, el principal delito registrado ha sido el homicidio, que representa 49 % de los datos válidos, seguido por los robos (22 %) y las lesiones (14 %). Las víctimas fueron en su mayoría hombres. Una cuarta parte tenía edades comprendidas entre 20 y 24 años, escenario similar para los victimarios, pues de los registrados, 33 % ocupan ese mismo rango de edad.
En el día se registraron más hechos que en la noche; y los días de la semana, más que los sábados y domingos. El 36 % de los sucesos fueron en la casa de habitación de las víctimas y otro 39 % en la calle. La de fuego fue el tipo de arma utilizada en ocho de cada diez casos.
En cuanto a quién cometió el hecho, la investigación apunta hacia desconocidos de la víctima en 60 % de los casos. “Llama poderosamente la atención que en un 13,3 % de los sucesos los victimarios eran familia de la víctima; y de ese porcentaje, el 35 % fueron las parejas o exparejas”, apuntan los autores, como dato de interés.
Durante el 2016 en el Táchira dominó, en líneas generales, el tipo de violencia delincuencial (78,5 %), seguida por la policial (9,4 %), intrafamiliar (3,8 %), linchamientos (1,8 %), de grupos irregulares (1,3 %), pandillera (1,2 %) y organizada (1,2 %).
Los registros que presenta el estudio fueron tomados del Observatorio de Prensa del OSET-UCAT en alianza con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso).
A partir de esta revisión, uno de los siete capítulos del documento analiza los porqués de la violencia interpersonal.
Las variables económicas parecen ser determinantes en el aumento del índice de delitos violentos en un contexto de crisis económica, refieren, por una parte: “Se considera, en este sentido, que la necesidad de cubrir los requerimientos básicos de alimentación ha motivado a los ciudadanos a buscar y encontrar en el robo y/o hurto, la solución más inmediata e ideal. Las distintas regulaciones en la adquisición de los productos de la cesta básica crea mayor escasez, y por tanto, mayor urgencia en el individuo”.
Las oportunidades para el delito han aumentado conforme se ha debilitado el Estado como garante de la seguridad ciudadana, agregan, por otra parte: “La desconfianza institucional expresada en funcionarios de organismos de seguridad en rol de víctima y victimarios, aumento de linchamientos, bajo porcentaje de víctimas que denuncian ante las autoridades y el alto nivel de percepción de impunidad, han ocasionado que la espiral de violencia siga creciendo, sin que se observen medidas contundentes y eficaces para enfrentar el fenómeno”.
Asimismo, los investigadores han observado que las colas que se generan para tramitar diligencias cotidianas también significan oportunidades para el delito.
Delito que, en la mayoría de los casos, no es denunciado. “La desconfianza institucional se pone de manifiesto en acciones como la ausencia de denuncias, pues la sociedad ha perdido la certeza de que el Estado garantizará la resolución del conflicto del que ha sido víctima”, concluye el documento. El debilitamiento de los órganos de control social formal supone el aumento indiscriminado de la cifra negra de la criminalidad y, por ende, de la impunidad.
Son autores del documento los investigadores: Rina Mazuera, Neida Albornoz, Jessy Aleta, Miguel Morffe, Pedro Uribe, Anna Rondón, Yovanny Bermúdez, María Cuberos y Marisela Vivas. Sus 258 páginas están disponibles en el sitio web del OSET-UCAT.
La seguridad “entra en peligro de abolición”
Este nuevo documento de investigación del OSET-UCAT también analiza cómo la generación y el incremento de la violencia interpersonal “afecta gravemente el bien asociado al bien colectivo que involucra lo social, económico, cultural y político, al dejar vulnerable la satisfacción de algunos derechos humanos como la vida, la libertad, la integridad física y la justicia, siendo un elemento que contradice la dignidad humana”.
Considera, entre otros aspectos, que la seguridad no solo ciudadana sino social y económica “entran en peligro de abolición”, pues la violencia interpersonal debilita los bienes materiales y espirituales de la sociedad, conmueve el deseo de integración social y pone en tela de juicio si el Estado contribuye a la felicidad de sus habitantes.
El documento sitúa el tema desde una perspectiva de gobernanza, entendida como una forma de dirigir el Estado mediante una relación interactiva entre lo público y privado, entre lo social y político, siendo la base una interrelación de los componentes de la sociedad.
Al perder el Estado su capacidad, debe la sociedad ayudar a su Estado, aleccionan los autores: “La superación de la violencia viene entonces de la mano con un buen gobierno que permita la interacción social y que tenga como base aspectos éticos y transparencia, aunados a la oportunidad y capacitación para que sus ciudadanos participen y colaboren con las funciones del Estado”.
Aunque advierten que en el Táchira no está presente ninguna forma de gobernanza, recomiendan que, para que exista, deben estar presentes las variables que caracterizan un gobierno abierto: participación, incitativa, confianza, colaboración, relaciones sanas y poder compartido.
Pero, para que esa organización y participación ciudadana sean efectivas en la disminución de la violencia interpersonal, también se requiere que la comunidad esté realmente organizada: “Motivar a los ciudadanos para que se hagan partícipes de los asuntos públicos, es la fase de inicio”.
¿Qué es?
Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.
Una frontera de “control de territorios”
“La violencia que se observa en la frontera Táchira-Norte de Santander está enfocada en el control de los territorios para el tráfico de drogas y el contrabando de gasolina y cualquier mercancía que genere ingresos”, describe el documento del Observatorio Social del Estado Táchira.
La investigación indica que, para lograr el control de los negocios ilícitos y de territorios, las bandas criminales mantienen una pugna en las que el homicidio representa la forma de dirimir sus diferencias, siendo la modalidad del sicariato la más representativa. Así, por ejemplo, 78 % de los homicidios (389) ocurridos en el Departamento Norte de Santander en 2015 se realizó bajo esta modalidad. Y en el primer trimestre de 2016 la proporción de las muertes por encargo incluso se elevó a 90 %.
Sobre el cierre de la frontera, el estudio considera que no logró los resultados esperados: “El incremento en los delitos en la región denota el fracaso de la medida, la cual al ejecutarse de forma unilateral, intempestiva y carente de propuesta, propició cambios en las modalidades de las bandas criminales, mas no una reducción de la violencia en el eje fronterizo”.
Como ya han apuntado en investigaciones previas, el OSET recuerda que la violencia en las fronteras nacionales adquiere propiedades en la que se identifican prácticas y modalidades muchas veces desconocidas por quienes diseñan las políticas de seguridad ciudadana desde los centros del poder.
37 %
de los tachirenses aceptan el linchamiento como una forma de justicia civil y 29,6 % acepta la regulación de los grupos al margen de la ley en las zonas fronterizas, según el OSET-UCAT.
75 %
de los habitantes no están interesados de participar en los asuntos públicos, según cifras del OSET-UCAT. Ello se da por la falta de educación y formación, pues la población interpreta los asuntos públicos con activismo político.
Daniel Pabón
Cuando se regala felicidad
25 de noviembre de 2024Colapso de puente aísla a dos municipios en Táchira
25 de noviembre de 2024
