Una humareda que afecta a cientos de familias en Ureña
27 de noviembre de 2024
Gustavo Villamizar Durán
Victimizarse, hacerse la víctima, ha sido desde tiempos inmemoriales una táctica común para evadir la responsabilidad y evitar las críticas y acusaciones. Esta victimización tan conocida como útil para escurrir el bulto, ha sido siempre arma cercana y precisa, para pasar a la ofensiva, por parte de pillos y seres inescrupulosos. Atacar a quien los señala, condenar a los acusadores, calumniar a los denunciantes, han sido estrategias de respuesta inmediata, pero tan manidas, tan desprestigiadas, que han creado una cortina de incredulidad, entre las gentes de bien.
En días pasados el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial del país, ordenó mediante sentencia a las universidades públicas nacionales, cuyas autoridades tienen sus períodos vencidos más allá del doble del tiempo establecido por la ley, la realización de procesos electorales en un lapso no mayor a 6 meses. Inmediatamente surgieron, desde diversos ángulos, los más dispares señalamientos, en su totalidad basados en la invocación a la autonomía universitaria, en una inimaginable variedad de interpretaciones caprichosas, las cuales, por supuesto, condenan al alto tribunal y protegen a los transgresores perpetuados ilegítimamente en sus cargos.
Los conminados por el tribunal, así como sus defensores, olvidan o evaden a propósito que la autonomía universitaria, en el más puro espíritu de la reforma de Córdoba de 1918, es una noción académica que genera obligaciones en lo político y administrativo. La autonomía universitaria es un derecho institucional del cual disfrutan sus integrantes en sus labores y procederes, en la salvaguarda de la universalidad, de la cual proviene su nombre. Por tanto, al mismo tiempo, compromete deberes y responsabilidades ineludibles, como también, concordantes con la gran misión de crear y difundir el conocimiento y el pensamiento universal, diverso y democrático. Es la razón académica el principio fundamental, por lo que no puede resultar subsidiario de procesos administrativos, burocráticos o electorales. Es decir que, la detención caprichosa de la práctica democrática en la institución universitaria, se constituye en una grave interferencia del ejercicio pleno de la autonomía, la cual tiene carácter constitucional en nuestra Carta Magna. La permanencia irregular – por más de dos o tres períodos y más- en un cargo de libre elección, no puede ser considerada de otra manera, sino como violación flagrante de la autonomía y más, si se arguye a partir del disentimiento en la estructuración del claustro universitario.
En lo que a mí corresponde, considero que el sentido democrático del claustro previsto en la ley, no es el más adecuado para una elección que compromete principios académicos. Pienso que resulta una práctica populista otorgar la misma condición y valor al acto electoral a todos los integrantes de la comunidad universitaria, sin ninguna distinción. La universidad es por antonomasia una institución de la razón, el saber y el debate, de manera que los procesos electorales deben ser –aunque se hayan desvirtuado por la influencia del “marketing”- tiempos de formulación de propuestas, de confrontación de visiones y opciones, de pensar en voz alta el futuro del alma mater. Para ello es necesario un compromiso con ella, con su día a día, sus espacios, sus exigencias, sus funciones básicas de generación y difusión de saber, una vida institucional asentada. No soy partidario de la exclusión o discriminación de ningún sector o persona, pero con seguridad debe haber un voto calificado, un voto que asigne mayor valor, por ejemplo, a profesores titulares, cuyas carreras alcanzan 20 o más años de docencia, investigación, postgrados, publicaciones y méritos ganados en su labor.
Por lo pronto, habrá que cumplir la sana decisión del Tribunal Supremo. Pero la casa del saber debe ser siempre espacio de diálogo y debate, a partir de los cuales se llegue a consensos que posibiliten cambios urgentes en la conducción universitaria, para superar el deterioro a que la condujeron las ilegítimas autoridades. La casa que vence las sombras, saldrá de esta infeliz retrogradación y volverá a iluminar un país libre y próspero.
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