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Regional
Alcaldía y Concejo Municipal rechazan aumento ilegal del pasaje en San Cristóbal
10 de septiembre de 2019
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El alcalde firmó un decreto que eleva el pasaje urbano en San Cristóbal a mil bolívares
El pasado sábado, los conductores de las unidades de transporte público en San Cristóbal sorprendieron a los usuarios, quienes se encontraron con la sorpresa de que estaban cobrando 2 mil bolívares por el pasaje, en vez de los mil bolívares ya establecidos.
Por ende, el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, así como también el director de la comisión de Transporte Público del Concejo Municipal, Erick Acosta, elevaron un pronunciamiento en contra de esta medida, que a sus respectivos juicios fue adoptada de una manera totalmente arbitraria.
Según lo establecido en el decreto 018, firmado por el alcalde Delgado, el costo del pasaje público urbano quedó aprobado en mil bolívares, pero este lunes algunos conductores de unidades, en rutas urbanas u suburbanas, comenzaron a exigir un pago de 2 mil bolívares, lo que representó un incremento del 100 % en la tarifa legalmente constituida.
En ese sentido, el burgomaestre sancristobalense llamó a todos los integrantes del sector transporte de la región a que se “apeguen a lo establecido en el decreto 018”, y de esta manera cumplan con la ley.
El alcalde calificó esta acción como un “aumento inconsciente” y alegó que va “en contra de la economía de la población”.
Solicitaron cobrar Bs 2.500
Delgado informó que el pasado 2 de septiembre el sindicato transportista había enviado una carta, en donde le solicitaban autorizar un cobro de 2.500 bolívares en el pasaje del transporte público urbano, el cual fue negado.
“No podemos autorizar un incremento en el costo del pasaje urbano porque, simplemente, el pueblo no está en condiciones de pagarlo”, comentó el ejecutivo municipal, agregando que “el sueldo mínimo no lo aguanta”, pues a su juicio “quienes utilizan el transporte público, en su mayoría, pertenecen al grupo que gana salario mínimo”.
A raíz de lo que sucede, el alcalde señaló que su administración tomará cartas en el asunto, y que este lunes iniciaron un operativo de supervisión, el cual consta de la fiscalización aleatoria en unidades de transporte, para poder así aplicar los correctivos establecidos como sanciones en la ley.
“Desplegaremos fiscales en toda la ciudad para que supervisen las tarifas del pasaje del transporte urbano y quienes estén cobrando más de lo estipulado serán sometidos a las sanciones de ley”, comentó el vocero.
Establecerán mesas de trabajo
Por su parte, el concejal Acosta anunció que en los próximos días se instalará una mesa de trabajo en la que se espera la participación del Protectorado del Táchira, los sindicatos de transporte público y la Alcaldía de San Cristóbal, con la finalidad de evaluar la situación y llegar a un acuerdo.
“Durante los próximos días entablaremos mesas de trabajo para poder discutir esta problemática. Hago un llamado a todos los componentes del sector transporte, al alcalde Gustavo Delgado y al Comité de Usuarios, para que se unan y trabajemos por el arreglo de esta situación”, sostuvo el concejal.
Responsabilidad del pueblo
Ambos actores concordaron en que el pueblo también tiene “gran responsabilidad” en este cobro ilegal del pasaje, pues se convierte en cómplice de los transportistas al acceder a sus peticiones; incluso indicaron que en operativos realizados por las policías Nacional y Municipal, en conjunto con la Alcaldía de San Cristóbal, los usuarios reprocharon la acción gubernamental, “insultando y colocándose en contra” de quienes hacían cumplir la ley.
Delgado y Acosta hicieron un llamado a los pasajeros a que solo cancelen lo estipulado y denuncien a los conductores, controles y colectores que cobren más de lo señalado en la ordenanza.
A propósito de ello, el edil expresó que en horas de la mañana del lunes ya reposaban dos denuncias sobre sus manos, “con pruebas”; la del control 39 de la Unidad Vecinal y la del control 03 de la línea Cordero, este último estaba cobrando “5 mil pesos”.
De no apegarse a lo ordenado, quienes infrinjan la ley serán sometidos a las “consecuencias”; así lo alertaron el alcalde y el concejal.
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