Con un llamado vehemente al alcalde, Gustavo Delgado, y al cuerpo edilicio del municipio San Cristóbal, para que hagan respetar la ley, Jesús Noguera, representante del Comité de Usuarios y Usuarias del Servicio Público, denunció la total ilegalidad del cobro de pasaje a dos mil bolívares, que imponen los transportistas bajo amenazas.

—Este lunes -afirmó Noguera-, el sector transporte apareció cobrando dos mil bolívares, sin ninguna fundamentación legal; esto quiere decir que no hay una gaceta oficial donde se avale, de parte del cuerpo edilicio y el alcalde, este monto arbitrario. Estos señores están cobrando de manera ilegal, abusiva, atropellando a las personas de la tercera edad y a los estudiantes.

Destacó que el día lunes el burgomaestre capitalino se ofreció a integrarse, junto a la Policía Municipal, a un operativo en el cual se velaría por el cumplimiento del cobro a mil bolívares del pasaje urbano -la única tarifa autorizada-, y se aplicarían  sanciones a quienes no la cumplieran.

—Esta semana no se ha visto a ningún alcalde en el casco central de San Cristóbal, y mucho menos aplicando sanciones. Tampoco han visto a los concejales haciendo respetar los derechos de los habitantes, toda vez que se les están violando los derechos económicos. Les digo al señor alcalde y los concejales que se pongan los pantalones y hagan valer el cargo para el que fueron electos. No se eligieron para que ellos negocien y se hagan los de la vista gorda con este tipo de abusos que comete el transporte urbano

Recordó que el sueldo básico sigue siendo de 40 mil bolívares y que evidentemente ha aumentado el costo de la vida, por lo que ello afecta a la población en general y no solo a una minoría, como la que representan los transportistas.

Pero extendió su llamado a las instancias judiciales, pues con el cobro ilegal se están ejecutando una serie de hechos, entre ellos el de apropiación indebida.

–Si ellos están en flagrancia, hay que detener a los conductores que están cobrando los dos mil bolívares y ponerlos a la orden del Ministerio Público, a los fines de que los tribunales decidan, porque no podemos seguir con esto de que ellos cobren la tarifa que les parezca y permanezcan en la impunidad. Hago el llamado en este sentido a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y al INT, para que hagan operativos y hagan valer los derechos colectivos, a favor de los habitantes que tienen menos recursos económicos.

 

Freddy Omar Durán