Cuatro de los funcionarios sancionados están “relacionados con la muerte del capitán Acosta”, precisó el Consejo de la UE en otro comunicado, en referencia al militar fallecido a finales de junio en un hospital en Caracas por presuntas torturas durante su detención.

Según el Diario Oficial de la UE, los sancionados en relación a la muerte de Acosta son cuatro responsables de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granko y Hannover Esteban Guerrero.

La lista incluye a Néstor Blanco, de la Guardia Nacional Bolivariana; a Alexis Enrique Escalona, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro; y a Carlos Calderón, del servicio de inteligencia SEBIN por “torturas” y otras violaciones de derechos humanos. En el caso de Calderón en la prisión del Helicoide.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, había solicitado la adopción de estas medidas en julio durante una reunión con sus pares, basándose en el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El informe confirma “de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”, señala el Consejo.

Los siete funcionarios venezolanos se unen a los 18 sancionados en 2018, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar a los países del bloque.

Además del embargo de armas en 2017, los europeos sancionaron un año después a responsables del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo, así como al dirigente chavista Diosdado Cabello.

Los europeos también adoptaron medidas contra responsables o exresponsables de las fuerzas de seguridad e inteligencia, entre ellos el actual ministro de Industria, Tareck El Aissami, a quien acusan de ser “responsable” de “torturas”.

“Transición negociada”

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Pese a ello el bloque es blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro por no aumentar la presión al nivel de Estados Unidos.

Con sus sanciones, que son reversibles, y sus contactos diplomáticos, sobre todo a través del Grupo Internacional de Contacto (GIC), la UE presiona por una “solución pacífica, política y democrática” a la crisis en Venezuela.

Mogherini manifestó la preocupación del bloque por la “suspensión temporal” de la conversación entre gobierno y oposición auspiciada por Noruega y llamó a las partes a volver a entablar “una negociación inclusiva, creíble y seria”.

Esta negociación debe conducir a “una transición negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales transparentes y supervisadas internacionalmente”, apunta la UE, que confirma su disposición a adoptar nuevas sanciones en pro de ese objetivo.

Los 28 países, cuya política exterior es por unanimidad, siempre se han mostrado reticentes a aumentar la presión al máximo como Washington o a sancionar sectores económicos, que en su opinión empeoraría la crisis humanitaria y de refugiados en el país.

Para hacer frente a esta última, la UE agendó, junto a dos organismos de Naciones Unidas, una conferencia el 28 y 29 de octubre en Bruselas para “llamar a una mayor cooperación internacional a nivel financiero y técnico”.

“Cuenten con la UE para estar a su lado”, dijo el martes durante una reunión en Nueva York sobre la crisis humanitaria la canciller europea, que cederá el cargo a partir del 1 de noviembre a Borrell. AFP