El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acordó el viernes crear una misión internacional para investigar denuncias de crímenes en Venezuela, incluidos casos de tortura y miles de ejecuciones sumarias.

El embajador de Venezuela, Jorge Valero, rechazó la “resolución hostil” -presentada por países que incluyen a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú- como parte de una campaña liderada por Estados Unidos.

No obstante, para la coalición opositora encabezada por el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la decisión del consejo es un importante paso.

La investigación “es un impulso tremendo que se le está dando no solamente a la denuncia, sino en este caso al castigo a la responsabilidad con nombre y apellido de quienes han violado derechos humanos en Venezuela”, dijo Julio Borges, el jefe de la diplomacia de Guaidó, a reporteros en Nueva York.

El foro de Ginebra adoptó el texto del Grupo de Lima por 19 votos a favor y 7 en contra, con 21 abstenciones, en el último día de una sesión de tres semanas. La organización de 12 países y buena parte de las naciones occidentales han reconocido a Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela.

“Creemos que se necesitan pasos serios y creíbles para la rendición de cuentas”, dijo la embajadora de Brasil, Maria Nazareth Farani Azevedo.

La resolución condenó la “represión y persecución generalizada” a través de lo que calificó como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, el cierre de los medios de comunicación y la erosión del estado de derecho.

La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo en un reporte presentado en julio que las fuerzas de seguridad de Venezuela han usado escuadrones de la muerte contra jóvenes y han manipulado los hechos para que parezca que los fallecidos se resistieron al arresto.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro dijo que el reporte mostró una versión parcializada de la situación.

La resolución expresó “gran preocupación por el hecho de que ha habido al menos 6.000 asesinatos como resultado de operaciones de seguridad en la República Bolivariana de Venezuela desde enero de 2018 y que, según la información analizada por la Alta Comisionada, muchos de estos asesinatos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.