Durante la sesión ordinaria del pasado martes se admitió y aprobó, en primera discusión, el proyecto de reforma parcial a la Ordenanza sobre servicio de Transporte y de Personas, Carga y Vialidad, del municipio San Cristóbal, por parte del concejal Eric Acosta, presidente de la Comisión de Desarrollo Vial del Concejo Municipal.

Mediante una nota de prensa, se informó que en  su intervención el concejal indicó que esta reforma contiene una actualización de los costos operativos en que incurra el transporte público urbano de pasajeros. Así mismo, se extiende al régimen sancionatorio de las empresas concesionarias, sus socios y conductores, cuando incurran en alguno de los hechos tipificados como infracciones, con multas, suspensión del vehículo o revocatoria de la concesión, por cuanto las multas y sanciones existentes en el instrumento municipal vigente son irrisorias y no están contempladas en unidades tributarias.

“Es necesario revisar lo concerniente a las multas e infracciones a las empresas, a los conductores y tránsito, como son las de irrespetar las paradas, deviación de rutas, maltrato a las personas de la tercera edad, cobro indebido del pasaje, entre otras, lo que conlleva una serie de tributos en bolívares que deben ser revisados y actualizados”, agregó el edil Acosta.

Señaló que, posterior a esta admisión, se procederá a  una consulta pública con todos los actores involucrados en este tema, como son los transportistas, sindicatos, federaciones, comités de Usuarios y  pueblo en general, “con la finalidad de hacer un trabajo en conjunto, donde nadie salga perjudicado, ni el pasajero ni el transportista, es decir, que todos salgan beneficiados con esta reforma,  porque se revisará y reformará en pro de la colectividad, en pro del pueblo sancristobalense”.

De igual manera, se orienta esta reforma parcial a la ordenanza en cuanto al ajuste de las tasas y multas, que tienen como objeto atenuar los valores de inversión asumidos por el municipio, que superan los costos de gastos operativos, administrativos, materiales, recursos humanos, entre otros.

En conclusión, este instrumento jurídico municipal se puede estar aprobando -más o menos- dentro de un mes, luego de realizar los informes, observaciones y sugerencias respectivas por las partes involucradas en las discusiones.