Favio Hernández

“Con alta preocupación”, la organización FundaRedes ve la actual situación en materia de seguridad en los pasos clandestinos de la frontera colombo-venezolana, mejor conocidas como trochas, indicando que entre los meses de febrero y noviembre del presente año se han registrado un total de 32 muertes violentas.

Por ende, Javier Tarazona, secretario regional de FundaRedes, durante la mañana de ayer se dirigió a la sede del Ministerio Público con la firme intención de introducir ante este ente una denuncia que exija el esclarecimiento de estos fatales casos.

Explicó que, como fundación que monitorea la actividad fronteriza, se declaran en alerta por la actual situación de inseguridad que se vive en la zona fronteriza entre las naciones de Colombia y Venezuela.

Según el dirigente social, de las 32 personas muertas en las trochas fronterizas, cuatro corresponden a menores de edad, dos son mujeres y nueve cuerpos aún no se encuentran identificados. “Hay dos víctimas que solo se les halló la cabeza”.

“Ahí hay una máquina de muertes, una máquina de asesinatos. En un cementerio se han convertido las trochas”, sostuvo.

Así mismo, Tarazona manifestó estar asombrado por la impunidad por parte de los organismos públicos competentes para impartir justicia en esta lamentable situación. “Nada pasa”, dijo.

Recriminó los diferentes planes de seguridad y ejercicios militares que el Gobierno nacional lleva a cabo en la frontera colombo-venezolana, y le recomendó al Estado efectuar una planificación, ante los homicidios que ocurren en el lugar.

“Exigimos al Ministerio Público que se garantice el cumplimiento de la Constitución, de los artículos, el 29, que trata sobre la garantía de la soberanía; el 50, que se refiere al libre tránsito por el territorio nacional, y el 327, sobre la soberanía del país”, comentó.

Hay que acotar que Tarazona anunció que FundaRedes ha venido formulando esta denuncia en las sedes del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, en estados como Zulia y Apure, además de Táchira.

En ese sentido, apuntó que jamás han recibido ni una sola respuesta por parte del Estado a las continuas peticiones formuladas por FundaRedes. “Solamente la Defensoría del Pueblo nos respondió, en una carta escrita a mano, que se libran de la competencia, que ese tema le corresponde al Ministerio Público”.

Tarazona manifestó que en la frontera hay un incalculable número de venezolanos trabajando, al mismo tiempo que lamentó que dichos pasos se presten para todo tipo de actividades delictivas, como es el caso del contrabando de combustible.