«Aguas putrefactas brotan de los apartamentos»
22 de noviembre de 2024
Para Jesús Renzullo, son los mercados abiertos los que benefician al consumidor y a la economía del país en general
Diego Mendoza
La actual situación económica que atraviesa Venezuela ha conducido a gremios industriales y asociaciones de productores de diferentes sectores a presentar a la opinión pública y al Estado la serie de factores que consideran está impactando de manera negativa la producción nacional.
De tal manera que, por ejemplo, Fedecámaras, Conindustria o Fedeagro han señalado en reiteradas ocasiones los perjuicios que representa para la producción interna el bajo consumo nacional, la falta de acceso al crédito y a divisas, la excesiva carga tributaria, la falla en los servicios públicos y la competencia de productos importados.
Este último punto señalado es justamente el que se pretende analizar, para intentar comprender, por una parte, si dicho factor incide realmente de manera negativa en el desarrollo de la producción nacional, y si las medidas comúnmente tomadas en torno al caso resultan ser las más beneficiosas.
Para ello, Diario La Nación conversó con Jesús Renzullo Narváez, quien es licenciado en Relaciones internacionales, especializado en políticas públicas, y ha fungido como coordinador del programa Cedice Futuro.
Renzullo cuenta con artículos publicados en Cedice Libertad y el Instituto Cato, donde expone su punto de vista acerca de la práctica económica que consiste en “proteger a los productores nacionales” a través de medidas políticas como el establecimiento de aranceles a los bienes provenientes del extranjero.
Se habla comúnmente que el Gobierno debe implementar estas medidas proteccionistas en procura de garantizar el surgimiento y robustecimiento del sector empresarial nacional para que pueda luego competir con las grandes multinacionales. ¿Cree que esto sería realmente una medida positiva y que conseguiría los fines propuestos?
R.: Este es un punto interesante, porque esta idea de llevar a cabo una política industrial para la generación de lo que se denominan “campeones nacionales”, es decir, sectores que surjan y crezcan al amparo del Estado, para que posteriormente puedan competir con el extranjero, era sumamente popular en los años 60 en Latinoamérica.
De hecho, de aquel tiempo viene la famosa política de Industrialización por sustitución de importaciones, en donde los gobiernos de la región se enfrascaron para que en sus países se produjese prácticamente de todo, siendo quizás el proyecto más emblemático el de la industria automotriz.
Para este objetivo, se otorgaron grandes financiamientos a distintos sectores y se establecieron altos aranceles para protegerlos de la competencia.
Pero esta práctica conlleva varios problemas. En primer lugar, que la creación de los campeones nacionales es una labor sumamente complicada. Generalmente con esta política el Estado lo que termina creando es un dependiente nacional.
Una de las fallas se encuentra en el hecho de que se tienen que financiar muchas empresas para que una de ellas consiga el objetivo propuesto, porque nadie sabe con exactitud cuál va a ser la que tendrá éxito.
Así mismo, estas políticas le crean un ambiente de comodidad al sector empresarial que luego es muy difícil de cambiar. Además, no hay manera de garantizar que al abrirse al mercado global estas empresas tengan éxito porque sencillamente nunca compitieron en condiciones reales.
En segundo lugar, habría que preguntarse cuándo una empresa está lista para competir en el mercado mundial para así retirar las medidas proteccionistas. Si durante todo su desarrollo se ha protegido, no se sabrá con certeza su eficiencia en comparación con las de fuera.
Por ende, este plan que supone una inversión incierta de dinero y burocracia, y la creación de barreras que interviene la libre competencia, ha solido fallar en la historia.
Otro argumento que se conoce en favor de este tipo de política, es el de la llamada competencia desleal, haciendo alusión a que en otros países la mano de obra es “barata” porque “explotan a los trabajadores”, o porque el Gobierno subsidia a la empresa, por lo que resultaría razonable establecer altos aranceles para evitar que se destruyan puestos de trabajo. ¿Considera usted que esta idea es correcta?
R.: Para empezar, hablar de mano de obra barata en comparación con un país latinoamericano es complicado, sobre todo en la actual situación de Venezuela, donde los salarios son extremadamente bajos.
Y, curiosamente, la mayoría de los países a los que se les tiene miedo a la hora de las importaciones, son aquellos en los que sus habitantes tienen altos ingresos, a raíz de que la eficiencia es mayor. Por consiguiente, es este el factor que realmente marca la diferencia.
Los países con salarios bajos son poco productivos, es decir, se necesita más mano de obra y tiempo para generar los mismos bienes.
Así, al analizar la imposición de medidas proteccionistas habría que preguntarse qué tan productivos son realmente los sectores que se quieren beneficiar.
Otro problema de esta teoría de los supuestos daños de la competencia desleal, es que no deja ver la importancia que tiene el aprovechar los productos que se pueden importar a precios relativamente bajos, para con ellos generar valor agregado.
Me explico: Por ejemplo, Venezuela no es un productor ganadero poderoso en la región si se le compara con Argentina, Brasil o Uruguay, pero en el país por muchos años hubo el desarrollo de una industria de manufactura alimentaria, con producción de comida procesada de muy alta calidad.
Entonces, ciertamente, los ganaderos nacionales se pueden ver afectados por la competencia a raíz de su baja productividad, pero en líneas generales, la economía ganaría porque los recursos y el capital humano se dirigen a aquellos procesos en los que el país demuestra una superioridad competitiva.
Ahora bien, se suele decir que hay sectores que deben estar protegidos de la competencia porque son de “interés general” o “estratégico”. En nuestro caso se puede citar el petróleo o el hierro. ¿Qué tan sólido resulta este argumento y qué efectos puede causar su protección?
R.: El argumento de los sectores estratégicos es eminentemente político, por lo que muchas veces no tiene bases sólidas.
Hay una diferencia entre tener que proteger a un sector por razones geoestratégicas -porque se está dependiendo de un Estado rival, como el caso de Europa con Rusia-, y otra, hacerlo por simplemente beneficiar a un determinado grupo de empresarios.
Ahora, dentro de este contexto actual, el Estado venezolano no tiene ninguna razón para decir que hay que tomar medidas para proteger sectores como el petrolero o el del hierro, puesto que estos se encuentran ahora fuertemente globalizados, es decir, hay muchos proveedores que pueden suplir la demanda, por lo que no existe una vulnerabilidad geopolítica.
Es realmente reducida a nivel mundial la cantidad de productos sobre los cuales se puede decir que se necesitan tomar medidas proteccionistas por un asunto geoestratégico.
Por último, ¿qué efectos tiene en el plano político tomar esta serie de medidas en función de supuestamente proteger la industria nacional?
R.: En la población en general, este tipo de medidas son netamente negativas porque se está cerrando el mercado, y esto conduce a que los consumidores tengan que pagar más por aquellos productos que están protegidos.
A su vez, se pueden crear oligopolios, o un monopolio, que, al no tener competencia, pueden establecer los precios que desean, eliminando así el poder que tienen los compradores.
Y probablemente, con el tiempo, también se van a tener bienes de una menor calidad, porque este grupito de empresarios que está protegido no se va a tener que preocupar por ofrecer mejoras en sus productos, ni tampoco mucha variedad.
Ahora, en el plano político, estas medidas suelen ser particularmente insidiosas, porque generan lo que Enrique Ghersi llama la economía de la corrupción. Esto pasa porque los sistemas de protección generan más puntos de corrupción al haber más instituciones gubernamentales, las cuales tienen la capacidad de crear beneficios y privilegios a los empresarios.
Así, se terminan teniendo más lobbies políticos, es decir, grupos de empresarios que van a buscar ser los nuevos sectores protegidos.
Sumado a esto, se producen las llamadas importaciones ilegales que van a necesitar ser contrarrestadas con más funcionarios, y surge una institucionalización de la corrupción a nivel empresarial, porque al momento de buscar que la empresa genere más ingresos, probablemente no se va a apostar por la eficiencia del aparato productivo, sino por el favor del gobierno para que otorgue subsidios e imponga nuevas trabas al ingreso de competidores.
Al final, el proteccionismo termina creando una casta empresarial que hará todo lo necesario para poder mantener sus privilegios. Y si un grupo tiene ventajas a través de la intervención del Estado, otros van a querer lo mismo, es decir, una cuota asegurada del mercado.
Esto no beneficia al consumidor, ni siquiera a la productividad del empleado, y como consecuencia se tiene un crecimiento económico más bajo.
Por lo tanto, si lo que se desea en realidad es un beneficio general, los gremios de industriales en Venezuela lo que deben procurar, entre otras cosas, es que se reduzca la inmensa cantidad de trabas burocrática y la pesada carga impositiva que hoy lastra la actividad empresarial haciéndola poco productiva. Atacando esto, no se requiere protección frente a los bienes y servicios importados.
Un venezolano necesita 107,9 dólares al mes para cubrir gastos de alimentos, según una ONG
22 de noviembre de 2024
