El engorroso entramado burocrático y la voracidad fiscal desincentivan y asfixian a quienes todavía apuestan por la ciudad

Diego Mendoza

Abrir las puertas por los canales regulares de un negocio o de una empresa en el municipio San Cristóbal, se ha convertido en una ardua faena que puede tomar hasta un año y el gasto de miles de bolívares.

La pesada y engorrosa permisología que se exige a quienes dinamizan la economía a través de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, termina por entorpecer el desarrollo de la entidad, fomentar el llamado mercado informal y disminuir la recaudación tributaria.

Daniel Vivas, dueño de un negocio ubicado en el sector Barrio Sucre, enumeró para Diario La Nación cada uno de los trámites que le exige el aparato gubernamental, en sus diferentes niveles, para poder subir el portón de su local comercial.

Trámites:

1. Registro mercantil (notaría pública).
2. Cédula catastral (alcaldía)
3. Certificado de conformidad de uso (alcaldía).
4. Licencia de actividades económicas (alcaldía).
5. Patente de industria y comercio (alcaldía).
6. Licencia para el expendio de bebidas alcohólicas (alcaldía).
7. Licencia de licores.
8. Permiso sanitario (Corposalud).
9. Certificado de salud (Corposalud).
10. Inscripción en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).
11. Inscripción en el Banco Nacional de Vivienda y Hánitat (BANAVIH).
12. Inscripción en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
13. Inscripción en el Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).
14. Inscripción en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y compra obligatoria de la máquina fiscal.
15. Permiso de Bomberos.
16. Índice delictivo (Policía Municipal).
17. Permiso del Consejo Comunal.

Conseguir realizar cada uno de estos trámites obligatorios le llevó al comerciante una media de 360 días, prácticamente un año, durante el cual dejó de producir ingresos. Sostiene que personalmente hizo cada procedimiento para evitar tener que pagar a los llamados gestores.

Anderson Ayala Giusti, comunicador social asociado a Cedice Libertad, señala a Diario La Nación que Venezuela es el país peor calificado del Índice de Burocracia en América Latina 2022, elaborado por Atlas Network, lo que significa que abrir un negocio de manera formal en el país representa un coste elevado de tiempo y dinero, “por lo que hablamos de un exceso de regulaciones”.

“Toda esta inversión, solamente en cumplir con los requisitos burocráticos, hace que sea poco atractivo ser formal. Pero, además, una vez conseguida la permisología, viene el deber de cumplir, de manera mensual o anual, con renovaciones de licencias, perdiendo tiempo importante que se podría dedicar al negocio”, sostiene Ayala.

Impuestos:

Sumado a cada uno de los trámites señalados, Daniel Vivas se refirió a la “asfixiante carga de impuestos” que ha conseguido en ciertos momentos que el cierre de caja a final de mes sea negativo. Parte de las circunstancias que lo terminan desincentivando.

“Aquí se paga por todo, cuando debería ser al contrario, nos deberían dar facilidades a los que nos quedamos a apostar por el país”, menciona el comerciante, quien enumera uno por uno los pagos que debe realizar en diferentes plazos:

1. Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al SENIAT (cada 15 y último de mes).
2. Pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) al SENIAT (anual).
3. Renovación de la licencia de las actividades económicas en la alcaldía (anual).
4. Renovación de actividades económicas en la alcaldía (mensual).
5. Renovación de la licencia de licores en la alcaldía (anual).
6. Pago al INCES (mensual).
7. Pago de Ley de Política Habitacional (mensual).
8. Pago de la Seguridad Social (mensual).
9. Pago al Ministerio del Trabajo (mensual).
10. Renovación del permiso sanitario en Corposalud (anual).
11. Renovación del permiso de bomberos (anual).
12. Pago por publicidad en la alcaldía (mensual).
13. Pago como agente recaudador del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras – IGTF (anual).

Es preciso acotar que los dueños de establecimientos también deben sumar los pagos de servicios públicos como agua, electricidad y aseo urbano, los cuales tienen montos distintos para quienes están registrados como agentes comerciales.

Así mismo, Vivas sostiene que es incierto el momento en el cual el SENIAT les informa que deben hacer algún tipo de actualización de la máquina fiscal, lo cual acarrea un mayor gasto de tiempo y dinero.

En este mismo sentido, otro comerciante sancristobalense, Manuel Dávila (*seudónimo a petición del entrevistado), quien reabrió su negocio en Barrio Obrero, contó a Diario La Nación: “Decidimos abrir sin colocar ningún tipo de aviso en el negocio, sabemos que probablemente esto nos juegue en contra, pero no tenemos más dinero”.

Dávila, quien decidió realizar por su propia cuenta los trabajos de restauración del local donde está su negocio para ahorrar algo de dinero, cree que “debe haber cambios, tanto en los requisitos para trabajar de manera formal como en los impuestos, para hacerlos menos pesados y que más gente se anime a emprender, porque aquí todavía hay quienes tienen excelentes ideas para el consumidor”.

Para el especialista consultado, Ayala Giusti, “estos costos, en la medida de lo posible, se trasladan al consumidor, generando mayor encarecimiento de los bienes y servicios, que, en las actuales circunstancias, con una población con bajo poder adquisitivo, termina por reducir el consumo”.

En consecuencia, al ser complicada la formalidad, no solo se generan los problemas mencionados en un principio, sino que, además, supone una menor oferta al público, una menor competencia, y, por consiguiente, precios más elevados y menor calidad en servicios.

Recomendaciones:

Para Ayala Giusti, esta situación puede y debe ser atendida por el bien de la actividad económica, por lo que recomienda empezar a “desregularizar toda la gran burocracia que supone registrar y renovar nombres de marcas comerciales y licencias para operar”.

“Hay que eliminar ciertos procesos, mientras otros deben ser digitalizados. En países de la región, abrir una empresa toma una semana, y una parte importante de los trámites se hace por internet”.

Además, recomendó emprender una “fuerte baja de la carga tributaria, suprimiendo aquellos impuestos que terminan siendo de finalidad poco clara, más allá de seguir expoliando a la producción y al consumo, algo negativo para cualquier economía, porque en sí, esto que ocurre en San Cristóbal es una muestra de la situación del país”.

“A la ciudad, y en general, al estado Táchira, por su condición fronteriza, le convendría una política fiscal de bajos impuestos y de reducción y agilización de trámites para procurar atraer la inversión de Colombia, por supuesto, esto dentro de un marco de respeto jurídico”, advierte.