Más de 200 casas fueron destruidas en el sector de La Invasión de San Antonio del Táchira (Comuna La Guadalupe), en el municipio Bolívar, a causa del cierre de frontera, medida que, a juicio de Walter Márquez, diputado jubilado de la Asamblea Nacional (AN), violó los derechos humanos de miles de colombianos.

En total, destaca Márquez, el cierre de frontera provocó el desplazamiento forzoso de 22.500 colombianos, más los 1.500 que fueron deportados.

Indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI), deben investigar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el cierre de frontera, decretado por el Gobierno de Venezuela el 19 de agosto de 2015.

Además, destacó que la medida, que se extendió por más de siete años, ocasionó pérdidas millonarias que sobrepasan los 30 mil millones de dólares.

El también representante de las víctimas por el cierre y presidente de la Fundación El Amparo Internacional, exigió la apertura total de los puentes, que no hayan restricciones de horarios para cruzar los tramos formales.

Jonathan Maldonado