Gómez asegura que estas medidas locales violan los tratados y acuerdos transfronterizos

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Jonathan Maldonado

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El analista en temas de frontera, William Gómez, considera que los decretos y resoluciones promulgados recientemente en frontera van en contra de los acuerdos y tratados binacionales y del principio de buena vecindad e integración, tras la reapertura progresiva de la zona.

Gómez precisó que desde el decreto inicial, emitido por la alcaldesa del municipio Bolívar, Sandra Sánchez, el pasado de 7 de junio, y justificándolo en la regulación y control de la

piratería, “erradamente restringió y limitó el servicio de taxis de matrícula colombiana a un corredor vial que obliga al conductor a llevar la carrera al terminal de pasajeros, violando la normativa de transporte venezolana, la cual establece que la modalidad de taxis no puede ser limitada a un punto de llegada y de salida, por ser un servicio de transporte público especial”.

Luego, apuntó Gómez, del lado colombiano, el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), emitió la resolución 077 que limita o restringe al transporte público de pasajeros, de matrícula venezolana, a entrar y salir del vecino país, única y exclusivamente por el puente internacional Atanasio Girardot, donde solo podrán transitar por siete rutas hasta llegar a la terminal de Cúcuta.

A estas dos medidas, “se suma ahora el recién decreto emitido por la Alcaldía del municipio Pedro María Ureña, en el cual el taxista colombiano es limitado y restringido a movilizarse por dos rutas y a descargar el pasajero en el lugar establecido como terminal terrestre, violando también la normativa de transporte venezolano para el servicio de taxis”.

El analista de frontera dejó claro que las autoridades locales no están en facultad de ley para normar o regular el transporte público de pasajeros internacional, ya que es competencia constitucional de los presidentes y de las cancillerías de cada país, por ser tratados o acuerdos internacionales o transfronterizos, suscritos por los mandatarios nacionales. Subrayó que los decretos locales pudieran ser anulados bajo una sentencia judicial, solicitando un amparo constitucional o una tutela.

“Estas medidas no permiten llegar a lo que la población realmente quiere o demanda, que es tener pasos fronterizos fluidos y con ese dinamismo natural que se tenía antes del cierre de agosto de 2015”, resaltó, al tiempo que indicó que las decisiones unilaterales afectan al usuario, ya que debe continuar cruzando los puentes a pie, mientras que para el transportista no es factible ofrecer o prestar el servicio bajo estas limitaciones.

A modo de colofón, Gómez espera que en las reuniones y mesas de trabajo, pautadas por los ministerios del Transporte de cada país para este mes de septiembre, se den acuerdos definitivos que permitan la mayor fluidez para los transportistas de las dos naciones y, de esta manera, sean derogados o anulados los decretos municipales.