Funcionarios de la GNB y de la PNB mediaron para evitar que el conflicto pasara a mayores

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Jonathan Maldonado

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En la calle 4 con avenida Venezuela del barrio Andrés Bello, en la ciudad de San Antonio del Táchira, se hizo visible este jueves la discordia que hay entre dos grupos de motaxistas: Moto Frontera y Asociación Civil Motos El Terminal y Andrés Bello por la disputa del espacio.

 

En el punto descrito, ambos grupos de trabajadores del transporte a dos ruedas, se encararon con los argumentos que cada uno defiende. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mediaron para que los ánimos no se caldearan.

 

Henry Ruíz, representante de Moto Frontera, alega que su grupo cuenta con el respaldo de los habitantes de la zona, quienes, a su juicio, no fueron consultados por el Consejo Comunal para darle el aval a la asociación de instalarse en la calle 4. “Están pasando por encima de la comunidad”, aseguró en nombre de los 70 integrantes.

 

Enfatizó que ellos tienen 18 años como cooperativa constituida en el municipio. Además, arguyó que una línea no puede estar a menos de 100 metros de la otra. La ley que los rige lo contempla así. “Debe haber una distancia no menor a 100 metros, y no se cumple”, acotó, mientras señalaba que quien le dio el aval al grupo, con el que se disputan el espacio, es el director del terminal, que funge como presidente del Consejo Comunal. “Es un ventajismo político”, destacó.

 

José Niño, representante de la Asociación Civil Motos Terminal y Andrés Bello, desmentió lo proferido por Ruiz al indicar que sí cuentan con los permisos en regla, que les garantizan a las cerca de 125 personas ejercer su oficio en el sitio planteado.

 

“Aquí vamos a seguir”, prosiguió Niño, al tiempo que instaba a los compañeros de la otra empresa a buscar la armonía y a dejar que todos puedan coexistir en una arteria donde “el sol sale para todos”, ya que hubo un acuerdo para que la otra empresa tomara el punto de la calle 5 con avenida Venezuela. “Ellos cuentan con cuatro puntos: tres en Lagunitas y uno en Ocumare. Nosotros solo tenemos dos”.

Ambas líneas de trabajadores expusieron sus argumentos en torno a una problemática que debe arreglarse desde el aspecto legal. Las autoridades, apegadas a las normativas, tienen la última palabra.