viernes 2 diciembre, 2022
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Venezolanas en Colombia sufren discriminación en servicios de salud sexual

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Por Astrid Anselmi

Diseño: Paloma Lacruz


Si bien las mujeres colombianas enfrentan obstáculos para poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las migrantes venezolanas, además, deben sortear barreras estructurales relacionadas con la xenofobia y la discriminación para adquirir este y otros servicios de salud sexual en el vecino país.

Esta situación fue expuesta en el informe Uno pasa por muchas cosas: barreras de acceso a la IVE en mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia, una investigación colaborativa entre la organización Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer, la Fundación Oriéntame y Médicos del Mundo Francia, quienes identificaron los obstáculos que limitan a las mujeres para abortar, así como para obtener servicios relacionados a la anticoncepción, el parto y la atención de las diferentes violencias basadas en género.

Objetos de discriminación, xenofobia y estigmas

El estudio reveló que entre los años 2018 y 2021, al menos 154 mujeres migrantes y refugiadas de nacionalidad venezolana solicitaron acompañamiento legal para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, una cifra que -según recoge el documento- ha aumentado y se agrava “en aquellas con un estatus migratorio irregular y, entre ellas, en las caminantes”.

Estas barreras “se basan en prejuicios y estigmas sobre el aborto”, a lo que se suma “la xenofobia y discriminación de la que son objeto por su condición”, explicó Juliana Martínez Londoño, autora del informe.

Dichas barreras fueron identificadas en tres categorías: el desconocimiento del marco legal, las interpretaciones restrictivas de ese marco y las fallas en la prestación de los servicios sobre salud sexual.

En el caso concreto de las migrantes se añade “el desconocimiento de la legalidad del aborto en Colombia, la falta de intimidad en sus espacios habitacionales -lo que dificulta obtener información oportuna-, la falta de redes para la prestación del servicio, las fallas en cuanto a las denuncias por violencia sexual y la negación del servicio por no tener un estatus migratorio regular”, entre otras.

Además, las migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia no tienen acceso a métodos anticonceptivos gratuitos si no están afiliadas al sistema de salud de ese país.

“Las mujeres migrantes irregulares solo pueden acceder a estos en la atención post parto o post aborto sin lograr controlar su fecundidad de manera permanente”, señala el informe de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo feminista que desde hace 24 años trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia, especialmente el derecho a la libre opción a la maternidad y la despenalización total del aborto.

Asimismo, las madres gestantes inmigrantes con estatus irregular son atendidas al momento del parto sin haber tenido acceso, en muchas ocasiones, a los controles prenatales necesarios.

Finalmente, el informe también recogió denuncias de mujeres víctimas de violencia obstétrica al haber recibido comentarios que cuestionaban sus decisiones sexuales y reproductivas al no ser consultadas sobre los procedimientos médicos al que fueron sometidas.

Este trabajo periodístico de Diario La Nación forma parte del proyecto Red de Mujeres Periodistas de Frontera

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