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24 de noviembre de 2024
El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del socialista Nicolás Maduro, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó hoy a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
El Ejecutivo avaló la extradición sobre la base de “la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República (PGR)”, enviada el pasado día 8, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de este país insular de África occidental), en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU y tenía un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.
Ahora, la defensa tiene de plazo hasta el jueves para interponer, ante la citada corte, un recurso contra la decisión del Gobierno.
Si no lograse una orden favorable a sus reclamos, Saab podría aún apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
“Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente”, aseguró a Efe Pinto en conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana.
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde para regresar al país.
La defensa de Saab argumenta que el empresario “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al gabninete de Nicolás Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Alex Saab contrató al exjuez español Baltasar Garzón como parte de su defensa
El empresario colombiano Alex Saab, ha contratado los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a EEUU que afronta en Cabo Verde, confirmó hoy a Efe el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.
Garzón integrará el equipo legal del empresario y le defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país insular de África occidental.
En concreto, el exjuez, que ejerce como abogado, va a «liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela», explicó Pinto por teléfono a Efe en Praia, la capital caboverdiana.
INDEMNIZACIÓN MILLONARIA POR DAÑOS DE IMAGEN
Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago «un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen» de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal.
El valor de la indemnización que se planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.
Garzón dirige actualmente el bufete Ilocad, con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.
En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990) lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.
Por otro lado, el presunto testaferro, según la misma fuente, no está contento con las condiciones de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.
El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación, «bastante diferente de la dieta a la que está habituado».
Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.
En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.
SAAB, UN «AGENTE» DEL GOBIERNO DE VENEZUELA
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se encontraba «en tránsito» en Cabo Verde para volver al país.
El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos «habeas corpus» (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su «encarcelamiento ilegal», pero ambos fueron desestimados.
El abogado Pinto sostiene que el empresario «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
SUPUESTO BLANQUEO DE 350 MILLONES DE DÓLARES
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Su detención acaeció después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que «harían parte del patrimonio ilícito» de Saab.
Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
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