“Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional -conocidas como FAES- en algunos barrios del país”, señaló.

“Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental ‘Monitor de Víctimas’ identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”, precisó la exmandataria chilena.

Bachelet indicó además que su oficina documentó “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”.

En contraposición a estas denuncias, Bachelet dijo que el gobierno de Maduro cumplió con “la excarcelación” de “83 personas”, entre ellas “aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria”.

Un primer informe fue presentado el pasado 5 de julio, en el que Bachelet había denunciado la “erosión del Estado de derecho” en Venezuela, advirtiendo también que las sanciones internacionales agravaban la crisis en el país.

“La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región”, reiteró este lunes, precisando que la economía “atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado” América Latina.

Bachelet deploró, por otro parte, “las recientes acciones” con vistas a aprobar una ley que “tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero”.

“Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático”, advirtió la representante de la ONU.

Por último, insistió en que las sanciones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de Maduro contribuyen a “agravar la situación humanitaria” del país.

Venezuela vive la peor crisis en la historia reciente, reflejada en hiperinflación, el desplome de su vital producción de crudo y el éxodo de 3,6 millones de personas desde principios de 2016. AFP