sábado 13 agosto, 2022
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Bachelet expresó su preocupación ante acciones contra defensores de DDHH en Venezuela

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La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,Michelle Bachelet, presentó este 29 de junio su último informe sobre Venezuela, en el que aseguró que en el país continúan las ejecuciones extrajudiciales, la desacreditación de los disidentes políticos y el hostigamiento a los medios de comunicación.

Sin embargo, reconoció avances en la implementación de recomendaciones realizadas por la oficina de Acnudh en Caracas, como la disolución de las Fuerzas Armadas Especiales (Faes). En el contexto de las protestas pacíficas de 2021 y 2022 no se documentaron muertes y hubo menos detenciones arbitrarias, explicó.

«Mi oficina documentó menos muertes en el contexto de las operaciones de seguridad que en años anteriores. Aún así, siempre decimos que una muerte es demasiado. También tomo nota de las condenas de miembros de las fuerzas de defensa y seguridad en siete casos de muertes en protestas que ocurrieron en el año 2017″, expresó en sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Mencionó el caso de la muerte de Fernando Albán, quien falleció mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela, en octubre de 2018.

Agregó que dos agentes del Sebin fueron acusados de homicidio culposo, pero beneficiados con reducción de la pena a dos años y ocho meses de prisión.

Liberación de detenidos

Bachelet informó que entre mayo de 2021 y abril de 2022 su equipo visitó 21 centros de detención y realizó 259 entrevistas confidenciales a personas detenidas, incluidas a 46 mujeres.

«Quiero reconocer los esfuerzos por mejorar los centros de detención, incluso en la reducción del hacinamiento. Aliento a las autoridades a que aprovechen este progreso inicial para asegurar cambios estructurales más sostenibles», dijo.

Añadió que el equipo de la Acnudh abordó varios casos individuales, incluyendo algunos que alegaban malos tratos y otras violaciones a los derechos fundamentales. Este trabajo contribuyó a la liberación de 68 detenidos, de los cuales 14 son mujeres. La mitad de estas personas fueron puestas en libertad condicional, aclaró.

«Mantengo mis preocupaciones por los centros de detención previamente administrados por los centros de inteligencia, El Helicoide y Boleíta. Estos centros no son adecuados para tener personas privadas de libertad, dado los riesgos de malos tratos», manifestó.

Sin acceso a cárceles militares

Por otro lado, denunció que ya no le permiten a su equipo en Caracas la entrada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta o a El Helicoide, ni a otros centros de detención militar.

Bachelet también se refirió a la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela en 2022, rechazada por miembros de la oposición y organizaciones no gubernamentales.

«Noto las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados que contradeciría las limitaciones constitucionales sobre un período único de doce años, así como los vínculos entre algunos de los magistrados y partidos políticos», expresó.

Reiteró que sigue preocupada por las restricciones del espacio cívico y democrático en el territorio nacional. Solo entre mayo de 2021 y abril de 2022 se documentaron 166 restricciones indebidas, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas a las voces disidentes.

En cuanto a la libertad de expresión, la oficina de Acnudh registró 84 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos, así como casos de bloqueos de portales web de medios. Bachelet comentó que continúa la persecución de ONG y activistas.

«Tomo nota del sobreseimiento, ayer, de los cinco trabajadores de Azul Positivo, quienes habían sido acusados de legitimación de capitales y asociación para delinquir en 2021, en relación con su labor humanitaria», puntualizó. (Efecto Cocuyo)

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