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22 de noviembre de 2024
El Gobierno chileno está a la espera y dispuesto a acoger al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) venezolano, Freddy Guevara, en caso de que solicite asilo político, informaron fuentes oficiales desde Santiago.
El diputado opositor Guevara pidió protección la noche del sábado en la embajada de Chile en Caracas, ante “inminentes amenazas a su seguridad”, publicó EFE.
El ingreso de Guevara en calidad de huésped a la sede diplomática chilena “responde a la política permanente que ha tenido el Gobierno de Chile, en torno a la situación que atraviesa Venezuela”, declaró a la prensa este lunes la ministra portavoz de Gobierno, Paula Narváez.
Narváez aseguró que el Ejecutivo “tiene toda la mejor disposición de acceder a todas las peticiones que se hagan, pero para eso tienen que ocurrir primero”, respecto de una eventual solicitud de asilo político.
Guevara se convirtió el fin de semana en el sexto ciudadano venezolano en demandar protección de parte del Estado chileno, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano pidiera el viernes enjuiciarlo y levantar su inmunidad parlamentaria.
El TSJ expresó en un comunicado que Guevara debe ser juzgado por tribunales penales, porque “presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir”, sin precisar más detalles sobre estas infracciones.
Tras recibir a Guevara, la embajada replicó que el Gobierno chileno le otorga la calidad de huésped al parlamentario “conforme a su tradición humanitaria, a los principios que inspiran su política exterior y en coherencia con las decisiones adoptadas en similares situaciones”.
En octubre, arribaron a Chile los jueces venezolanos José Fernando Núñez Sifontes, Beatriz Ruiz Marín, Zuleima Del Valle González y Elenis Rodríguez Martínez, después de permanecer alrededor de dos meses en la embajada chilena en Caracas en calidad de huéspedes.
Ellos forman parte de los 33 magistrados designados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, para integrar el TSJ de ese país, y hasta el momento, sus cuentas bancarias se encuentran congeladas.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró que este asilo se extenderá por dos años y los acogidos deberán realizar los trámites para obtener una cédula de identidad para extranjeros.
El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado que Chile incurre en una ilegalidad al asilar a estos cuatro magistrados en Santiago, ya que ellos representan “a la ultra derecha venezolana y la línea supremacista de (presidente de EE.UU.) Donald Trump”.
Por su parte, el Gobierno de Maduro expresó su respaldo al también oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el proceso iniciado contra el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, y pidió a la comunidad internacional el “cese inmediato” de lo que califica como “agresiones contra Venezuela y sus instituciones”.
El Gobierno “está decidido a garantizar la estabilidad política e institucional de la República” y “brindará toda la colaboración que requieran el Ministerio Público o los Tribunales Nacionales en la instancia o momento que sea requerido”, según un comunicado de la Cancillería venezolana en referencia al caso de Guevara.
Asimismo, expresó “su enérgico repudio a los permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de Gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan -de manera insolente- una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones”.
En ese sentido, pidió “el cese inmediato de las agresiones contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela y sus instituciones” y denunció lo que califica como una campaña de “instigación al desconocimiento de las autoridades constitucionales”, que según, la Cancillería, busca alentar la “desestabilización” y “violencia” en el país.
Según la Cancillería, “para el pueblo venezolano resultan públicas y notorias las actuaciones del diputado Freddy Guevara y su presunta responsabilidad durante las acciones violentas” de las protestas que se desarrollaron entre abril y julio de este año que fueron reprimidas por fuerzas armadas, militares y civiles, a mando del gobierno de Maduro, con saldo de más de 130 asesinados y centenares de heridos y prisioneros políticos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores además señala que la Constitución reconoce la inmunidad parlamentaria, pero que también establece los procedimientos “en caso de que sea requerido su allanamiento”, y asegura que Guevara “dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa”.
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