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Internacional
Corte Interamericana falla contra liberación del expresidente peruano Fujimori
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San José, Costa Rica | AFP |
La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció el viernes una resolución que pide a Perú «abstenerse de implementar» una sentencia que permite la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.
Según la Corte, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú «no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares».
«Más aún, el Tribunal Constitucional efectuó un pronunciamiento que restituyó los efectos de un indulto ‘por razones humanitarias’ otorgado cuatro años atrás, sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado», agregó la Corte.
Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad tras ser extraditado desde Chile en 2007.
El exmandatario es el único preso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Ahí cultiva flores, pinta cuadros al óleo y recibe visitas familiares.
El pasado 1 de abril, Perú aseguró que acatará cualquier decisión de la Corte Interaericana sobre si Fujimori debe continuar en prisión, pese a la reciente resolución del Tribunal Constitucional peruano, que ordenó su excarcelación.
«La decisión que [la Corte Interamericana] tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible», dijo entonces el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano.
«Estamos consternados»
El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional restituyó a Fujimori, de 83 años, un polémico indulto que le había concedido el presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después por la justicia.
Pero los familiares de las víctimas acudieron a la Corte Interamericana, con sede en San José, para impedir su liberación anticipada.
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