Las autoridades colombianas desarticularon una red criminal que ingresaba al país medicamentos de contrabando, muchos de ellos en mal estado y vencidos, desde Ecuador y Venezuela para venderlos en varias regiones, informó este domingo la Fiscalía.

En diligencias judiciales realizadas en las caribeñas ciudades de Santa Marta y Cartagena de Indias, así como en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), fueron capturadas 16 personas que al parecer hacían parte de esa red que ingresaba los productos vencidos al país y los modificaba para ponerlos a la venta en droguerías.

En la operación, las autoridades también se incautaron de más de tonelada y media de medicamentos “que habrían sido alterados y estaban listos para ser comercializados”.

Esos productos farmacéuticos “vencidos y en mal estado”, detalló la Fiscalía en un comunicado, eran movilizados en vehículos que no cumplían con las condiciones sanitarias para su conservación desde las fronteras hasta Cartagena de Indias y Santa Marta, donde se alteraba “su composición, empaques y sellos de fabricación y de caducidad”.

Luego, los medicamentos eran vendidos y enviados a farmacias del departamento de Antioquia en donde “se ofrecían a precios inferiores a los que normalmente tienen en el mercado”.

Esas medicinas modificadas servían para tratar enfermedades como hemofilia, diabetes, artritis y cáncer, así como había analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antialérgicos, antidiarreicos y antibióticos, entre otros productos “catalogados de alto costo o de uso institucional”.

Los detenidos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial y enajenación ilegal de medicamentos.

De los 16 capturados, siete fueron enviados a cárceles y los otros nueve recibieron detención domiciliaria.

En la operación participaron cuatro fiscales y 120 investigadores de la Dirección Especializa contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la entidad, así como hubo apoyo del Ejército, la Secretaría de Salud de Antioquia y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).