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Internacional
Duque enfrenta su primer paro nacional: Rechazan reforma de pensiones y laboral
27 de abril de 2019
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La protesta social ha tomado una constante de los primeros meses de gobierno de Iván Duque en Colombia. En un país que en las últimas décadas tuvo una tradición sindical menos sólida que otros países latinoamericanos, en buena medida por el fantasma de la violencia, las organizaciones de trabajadores tratan de echar un pulso al Ejecutivo en la calle.
El paro nacional se convocó para este jueves pasado para lograr frenar algunas medidas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que marca las líneas maestras del período presidencial y fija el gasto público. Las centrales obreras, que convocaron marchas en todo el país, rechazan especialmente las reformas las cuales afectan al mercado del trabajo y al sistema de pensiones.
Donde luego de la jornada se registraron algunos episodios de violencia, por ejemplo en la plaza de Bolívar en Bogotá, donde grupos de encapuchados se enfrentaron al escuadrón antidisturbios de la Policía.
El mandatario Iván Duque tuvo que lidiar primero con una oleada de movilizaciones estudiantiles, que logró desactivar en diciembre con el compromiso de destinar 1.400 millones de dólares más a la educación superior pública. Hace semanas las comunidades indígenas paralizaron el suroeste del país con el bloqueo de la carretera Panamericana.
Duque, que asumió el cargo el pasado agosto, se avino entonces a incrementar en un 17,5% el presupuesto dedicado a los nativos. Ahora, el llamado Comando Nacional Unitario -que agrupa a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); la Confederación General del Trabajo (CGT); y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)- considera que el plan presentado en el Congreso «contiene políticas, reformas y definiciones económicas que no se corresponden con las necesidades de desarrollo que requiere el país, ni de bienestar de la población».
«En tema laboral», opinan los convocantes de la huelga, «aboga por la profundización de la flexibilización laboral; pretende legalizar la informalidad, dando un severo golpe al contrato laboral vigente en Colombia y la negociación colectiva».
Estas alianzas, a las que se sumaron jubilados, profesores y estudiantes, denuncian además que la reforma de las pensiones «busca fortalecer los fondos privados, debilitar Colpensiones [el organismo estatal que gestiona las prestaciones], eliminar la compatibilidad entre pensión de jubilación y por incapacidad laboral».
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A estas reivindicaciones se añaden, además, consideraciones sobre el proceso de paz con las FARC. «Los constantes ataques contra la paz del país proveniente de los sectores más retardatarios nos obligan a mantener en alto la defensa de los acuerdos de paz, la solución política y la condena al asesinato de los líderes sociales y la garantía para la protesta social», mantienen los sindicatos.
Luego de que miles de personas marcharon en las principales ciudades, las autoridades aseguran que las actividades laborales continúan en todo el país.
«Podemos decir que transcurre el paro sin mayores angustias, aunque lamentablemente sí se han presentado una serie de enfrentamientos», aseguró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en un primer balance. Los choques se produjeron a lo largo de la mañana a raíz del intento de los manifestantes de cortar algunas vías en Bogotá y en los departamentos de Antioquia y Bolívar.
La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, fue más directa contra las movilizaciones al asegurar que «el modo protesta es algo que no le conviene al país, es algo que distrae la atención de todos, de los empresarios funcionarios del Estado, operadores de la justicia».
«Cuando el país está mejorando no hay motivos para estar protestando sino para estar trabajando, Colombia no para de estar creando, trabajando, por eso me parece que no se justifica querer mantener el país en modo protesta social, eso lo que hace es que destruye riqueza, acaba empleos y le va destruyendo la esperanza a muchos colombianos», continuó.
El Ejecutivo ha señalado, como ocurrió ante otras movilizaciones, a los partidos de la oposición, acusados de alentar la protesta social.
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