Este proyecto del gobierno del socialista Pedro Sánchez, en el poder desde junio, se presenta un año después de que Francia y Reino Unido anunciaran objetivos similares.

Su ejecutivo no dispone de mayoría parlamentaria con lo que la aprobación de la ley no está garantizada.

Para Madrid, el proyecto constituye una etapa importante hacia la “descarbonización” de su economía fijada para 2050, objetivo que pasa por el desarrollo de un parque automóvil menos contaminante gracias a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán contar con “zonas de bajas emisiones” antes de 2023, como los centros de Madrid y Barcelona donde la circulación es limitada.

“El sistema eléctrico deberá basarse exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable”, señaló también el ministerio de Transición Ecológica que desea acabar con las “ayudas a los combustibles fósiles”.

Para ello, “a partir de la entrada en vigor de la ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación, ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial”, explicó.

También se prohibirán cualquier tipo de subvenciones o incentivos que “favorezcan el consumo de combustibles fósiles”.

Madrid advirtió que estos objetivos podrían ser “revisados” para respetar los Acuerdos de París sobre el clima pero que su “nivel de ambición” no puede ser revisado a la baja. AFP