Agilizan trámites para repatriar cuerpo de Francisco Mendoza
26 de noviembre de 2024
Estados Unidos revocó el viernes la emisión de visas a dos altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, acusándolos de cometer “graves” abusos de los derechos humanos y de reprimir a opositores.
Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de la unidad policial Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), e Iván Rafael Hernández Dala, director general de contrainteligencia militar (DGCIM), no podrán ingresar a territorio estadounidense “por su participación en graves violaciones de los derechos humanos”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
La implicación de ambos en estos actos fue “ampliamente” documentada en el reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, agregó. Según ese reporte, en el último año y medio unas 7.000 personas fueron asesinadas durante operaciones de seguridad, en casos que el gobierno de Maduro calificó de “resistencia a la autoridad”.
Bastardo y Hernández ya habían sido sancionados en febrero por el Tesoro estadounidense, que bloqueó todos sus eventuales bienes en Estados Unidos y les prohibió hacer negocios con personas o empresas estadounidenses. Mendoza fungía en febrero como comandante de la guardia presidencial de Maduro.
Entonces, el Tesoro definió a las FAES como el “grupo de exterminio” de Maduro, “conocido por sus métodos cruentos e irrupciones con el rostro cubierto, y por llevar a cabo redadas nocturnas en toda Caracas”.
La restricción de visados decidida este viernes también alcanza a las esposas de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos.
Estados Unidos encabeza la presión internacional para propiciar la salida del poder de Maduro, cuyo gobierno considera resultado de elecciones fraudulentas.
En ese marco, ha sancionado y revocado visas a decenas de funcionarios y exfuncionarios cercanos al mandatario. Además, aplicó medidas punitivas contra muchas empresas venezolanas y restringió el acceso de Caracas al sistema financiero estadounidense. Desde fines de abril, aplica un embargo de facto al crudo venezolano, crucial para la economía del país sudamericano, y no ha descartado una intervención militar.
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